La infraestructura de telecomunicaciones se encuentra en un punto neurálgico. A pesar de ser razonable en su capacidad y penetración, considerando el contexto económico, social, geográfico y político, tiene por delante mucho por hacer en términos de cobertura y de actualización tecnológica. Pero el marco, tanto sectorial como nacional, se presenta adverso.
El sector viene de una década (2010-2020) en la cual, en su conjunto, invirtió US$ 20 mil millones. Esto equivale a algo más de US$ 5 millones por día. Una cifra que da la pauta del esfuerzo realizado no sólo por los grandes jugadores, también por los cientos de PyME y cooperativas que prestan servicios TIC a lo largo y ancho de todo el país. Esto incluye tanto el despliegue de 4G (que comenzó a fines del 2014) como también fuertes inversiones en banda ancha fija, que creció entre 2014 y 2021 a un ritmo promedio del 6,8% anual, medido en accesos. Así, la penetración del acceso fijo a Internet supera a la de servicios públicos como gas de red o las cloacas. Una penetración alcanzada dentro un sector privado y en competencia.
Por el lado de las tecnologías de acceso fijas, es interesante observar la sustitución del cobre telefónico por la fibra óptica, con la segunda creciendo al ritmo en que cae la primera. El avance de la fibra se dio entre operadores de todo tamaño. Desde Telefónica migrando su cobre telefónico, pasando por Claro desplegando una red fija que no tenía, así como a cientos de PyME y cooperativas, que en algunos casos están reemplazando el cobre y en otros, desplegando redes cableadas que sustituyen o complementan sus redes inalámbricas. Pero también es importante tener en cuenta que, así como gran parte del crecimiento de los accesos en base a redes de TV por cable se produjo sobre su pisada existente, la gran mayoría de las ampliaciones también son realizadas con fibra. A fin de cuentas, el objetivo final de la industria es reemplazar la red de cobre por fibra, inicialmente el par telefónico, pero eventualmente también el coaxil de la TV por cable. Un camino largo por delante considerando que el 75% de los accesos de banda ancha funcionan actualmente sobre alguna tecnología de cobre.
Por otra parte, Argentina cuenta con una muy amplia extensión territorial, que la ubica en el 8º lugar entre los países más grandes del mundo. Sin embargo, su densidad poblacional la coloca en el puesto 214, considerando tanto a países como territorios. A esto hay que sumarle una desigual penetración del acceso por provincias, con sólo 5 por encima del 75% y 10 por debajo del 49%. El desafío entonces no es menor: conectar adecuadamente a una población desigualmente distribuida.
Esta situación se da en momentos en que la infraestructura debe adaptarse a cambios acelerados notablemente por la pandemia. Por un lado, una gran intensificación del uso, donde no sólo el crecimiento del streaming demanda constantemente mayores anchos de banda, sino también ciertos cambios de hábitos, como el teletrabajo que llegó para quedarse (aunque sea parcialmente). Además, la gran demanda de conectividad se trasladó de los centros comerciales y administrativos en las ciudades hacia los suburbios, donde la gente vive y, cada vez más, trabaja y estudia. A tal punto que hoy la existencia de conectividad es un factor clave a la hora de decidir instalarse fuera de centros urbanos. Es que hoy, no contar con una conectividad adecuada significa vivir más en el siglo XX que en el XXI.
Por lo tanto, la industria debe mejorar y expandir la capacidad de las conexiones existentes, avanzando en la sustitución del cobre por la fibra, pero también sumando 5G mientras se termina de completar 4G. En otras palabras, las empresas de telecomunicaciones tienen por delante grandes inversiones de capital en el contexto de una industria que, considerando todo tipo de servicios, tiene menos ingresos que en el 2014, tal como se puede observar en el siguiente gráfico que representa los ingresos anuales ajustados por inflación.
Todo esto se da en un contexto de alta inflación y fuertes restricciones al acceso a divisas que hace todo mucho más cuesta arriba (como si hiciera falta). Y como broche de oro, una notable inestabilidad regulatoria, considerando los vaivenes que significaron la ley Argentina Digital (2014), el DNU 267 (2015) y el DNU 690 (2020).
En definitiva, la infraestructura en Argentina está ante un momento histórico, de quiebre, en el cual debe dar un salto tecnológico. Pero éste requiere de un gran esfuerzo inversor que exige razonabilidad y estabilidad de reglas, con una gran coordinación público-privada, sabiendo que el grueso la realizan los privados.
A prácticamente un año para las elecciones presidenciales, el tema infraestructura de telecomunicaciones debería ser tema de campaña. Pero no hay que hacerse ilusiones. Lamentablemente, lo demuestran los últimos 20 años en la materia.
[Nota: Esta información surge de la presentación realizada por Carrier y Asociados en el marco de las Jornadas Internacionales 2022. La misma puede ser descargada desde aquí]