Días atrás, el mercado colombiano de las telecomunicaciones fue noticia por la aprobación de la integración entre Tigo (Millicom) y Movistar (Telefónica). Lo interesante de la decisión del gobierno colombiano es que esta consolidación entre el segundo y el tercer operador del mercado crea un competidor de escala capaz de hacer frente al líder dominante, Claro, quien hoy concentra la mayor cantidad de líneas y la mayor cobertura de redes. Es decir, el regulador priorizó el balance de poder y la capacidad inversora por encima del número total de operadores. En otras palabras, se pasó de una competencia cuantitativa a una cualitativa. Se trata de un caso oportuno y significativo, porque marca un quiebre con la ortodoxia regulatoria vigente.
Con esta movida, el mercado colombiano se transforma radicalmente. En materia de móviles, Claro, con aproximadamente el 50,5% del mercado, y la nueva alianza Tigo-Movistar (que suma la participación del 20,2% de Movistar y el 16,2% de Tigo) controlarán alrededor del 87% de todas las líneas móviles del país. En el caso del acceso fijo a Internet, Claro cuenta con el 35,1% del mercado y la nueva alianza suma el 18% de Tigo y el 16,3% de Movistar, para alcanzar el 34,3% de participación. Así, los principales contrincantes del mercado representan casi el 70% del total de accesos fijos.
A primera vista, la lógica detrás de la fusión entre Tigo y Movistar parece ir en contra de todo lo que se enseña sobre competencia. La justificación principal para unir al segundo y al tercer operador del país fue crear una sola entidad, pero con la escala y capacidad financiera suficientes para competir de manera efectiva contra el hasta ahora líder indiscutible del mercado. En otras palabras, el regulador ha apostado por la concentración del mercado como una herramienta para fomentar una competencia más reñida en la cima. La idea es que al tener dos titanes con similar capacidad de inversión y viabilidad financiera, la batalla por los usuarios se intensifique no solo en precios, sino en la velocidad de despliegue de nuevas tecnologías como el 5G y la ampliación y mejora de cobertura de las redes, tanto móviles como fijas.
Para contrarrestar los aspectos negativos de la concentración, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso remedios diseñados para proteger a los operadores más pequeños y evitar que sean aplastados por los dos titanes. Estos remedios, con una vigencia inicial de 4 años, incluyen descuentos obligatorios para el tercer operador con red, WOM, que serán de entre el 12,5% y el 24,3% sobre el precio del servicio de roaming del cual depende para operar en zonas donde aún no tiene red propia. También se establecen rebajas para Operadores Móviles Virtuales (OMV) de entre el 11% y el 46% para el acceso a la red del nuevo operador consolidado. Además, se le prohíbe a la nueva compañía lanzar acciones comerciales o publicitarias dirigidas específicamente a capturar clientes de competidores más pequeños. La intención es que la competencia sea exclusivamente con Claro. Estas medidas apuntan a mantener diversidad en el mercado al proteger a los más pequeños, permitiéndoles mantener o incluso bajar sus precios.
Con esta decisión Colombia se convierte en un leading case cuando la presión por la consolidación va in crescendo, tanto en la región como en el mundo. Y el timing no es casual. Es que el espíritu regulatorio vigente data de un cuarto de siglo, cuando el escenario era de gran expansión, dando lugar a múltiples operadores y masificando el acceso fijo y móvil. Pero el entorno actual es muy distinto. Hoy las tasas de crecimiento en suscriptores son modestas y si bien la cobertura de las redes de la mano del satélite ya es prácticamente ubicua, se mantienen las demandas por actualización de la capacidad tanto en fija como móvil, sea con fibra, 5G o LEO. Todo esto con precios que tienden a la baja, lo que se refleja en los ingresos. Este debate se da con gran caja de resonancia en Europa, donde todavía rige el espíritu regulatorio post privatizaciones de los monopolios estatales. Sin embargo, guarda grandes similitudes con lo que sucede en Latinoamérica.
No por nada la salida de Telefónica de Hispanoamérica en alguna medida sacudió el avispero regulatorio. Esto se debió a una sucesión de operaciones con todo tipo de formato: reemplazo del control por un fondo (El Salvador, Perú), reemplazo por otro operador regional (Ecuador y Uruguay) o unión con un operador local (Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá). Salvo en los casos más problemáticos, donde la operación terminó en manos de un fondo, en los demás se produjo un movimiento hacia la concentración, ya sea a nivel local como regional. Una realidad que la regulación no puede ignorar.
El proceso colombiano sienta un precedente y ahora la expectativa se centra en los resultados concretos: su impacto sobre la calidad y accesibilidad de redes. El recorrido que tenga esta integración será sin dudas referencia para otros mercados de la región que están enfrentando desafíos similares y que deben definir un marco que no sea para el pasado sino para el futuro.