A diferencia de lo sucedido con la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Servicios Audiovisuales (sucesora de la de Radiodifusión) ya tiene un borrador que circuló intensamente entre involucrados, sean medios u operadores de redes. Algunos puntos del mismo fueron publicados por el diario Perfil, dando los primeros indicios de a qué apunta el gobierno. El objetivo del mismo es lograr un mercado audiovisual “democrático y sin monopolios”, definición a tener en cuenta a la hora del análisis, ya que se trata del norte que persigue la iniciativa, con lo que los distintos puntos deberían estar alineados en pos del mismo.
A grandes rasgos, el borrador propone reducir la cantidad máxima de licencias para una misma empresa o grupo (lo que implicaría desinversión para algunos jugadores). Esto está en línea con lo que se habló desde que comenzó el ¿conflicto? entre el gobierno y el Grupo Clarín.
En cuanto a la TV por cable, se establecería un límite en la cantidad de abonados, la cual no debería superar el 35% del mercado potencial (un número no tan sencillo de determinar). No resulta claro si este porcentaje se aplica para el total del país o por geografía. Si fuera esta última opción, claramente implicaría que Cablevisión tenga que desprenderse de gran parte de sus abonados en la Capital y parte del Gran Buenos Aires. Si el porcentaje se aplicara al total del país, serviría de poco en términos de propiciar alternativas y desconcentración.
Por el lado de las empresas de telecomunicaciones, en tanto proveedoras de servicios públicos, seguirían vedadas de participar del negocio, a excepción de las cooperativas. De ser así, se mantendría un régimen a todas luces injusto. Es atendible aunque debatible la postura de quienes se oponen al ingreso de Telecom y Telefónica al negocio de la TV, con lo cual esta opción merece ser tratada por separado. Pero es injustificable que empresas que nacieron en competencia y sin exclusividades, como iPlan, Telmex (por mencionar sólo algunas que ya manifestaron su interés de ingresar a este negocio) o algunos ISP se vean impedidos de participar del mismo.
Igualmente, es muy temprano como para imaginar que sea efectivamente este borrador el que se convierta en ley. Por un lado, aún falta el retoque de ciertas áreas del Poder Ejecutivo involucradas. Por el otro, la intención original, según el interventor del Comfer, era presentar el proyecto una vez resuelto el tema de las retenciones móviles. Luego del traspié del ejecutivo en el Congreso en la materia, con la evidente fractura interna de su tropa y considerando que se trata de un tema tanto o más espinoso, hay que ver si se cumple la intención original de presentar el proyecto a más tardar en Agosto. Hacerlo implicaría una nueva batalla en el Congreso con un sector no menos poderoso en un momento en que el oficialismo lame sus heridas. La lógica indicaría que sería conveniente esperar a que cicatricen, pero la lógica general no es la lógica de algunos.