Hacia el fin de la semana pasada, el FSU (Fondo del Servicio Universal) estuvo en el tope de la agenda sectorial. Impulsado tanto por la industria como por el regulador en el marco del evento “Diálogo que impulsa el Futuro Digital”, organizado por la Mesa TIC en la ciudad de Córdoba, se puso sobre la mesa un tema muy criticado sotto voce, pero que hasta ahora había ocupado lugares secundarios en los eventos sectoriales.

Hay, ciertamente, un cambio significativo en el escenario. Es lo que podría denominarse “Efecto Starlink”, percibido de igual forma por operadores y regulador. Este hace referencia a que la irrupción de operadores de órbita baja (LEO) —hoy principalmente Starlink, pero también OneWeb y, en breve, Amazon Kuiper— dinamitó el fundamento histórico del FSU, particularmente en lo referente a los subsidios al despliegue allí donde no había rentabilidad para los operadores terrestres. Con los LEO, hoy no hay ningún lugar en Argentina (incluyendo la Antártida) que no tenga cobertura de infraestructura para la conectividad, de manera accesible tanto económica como operativamente. Significó el fin de la brecha geográfica. Queda, sí, la brecha de asequibilidad y de apropiación. Esto demanda un enfoque diferente, que implica que el FSU deje de ser un subsidio a la obra civil para convertirse en un facilitador de acceso.

Un dato presentado durante el evento confirmó lo que ya se sabía, aunque le puso números: el “superávit” del FSU. Los fondos en caja, provenientes del aporte del 1% de los ingresos de los prestadores al T1-2026, superan los $370.000 millones (unos US$ 240 millones). Pero más destacable que el monto es su inactividad: apenas un 42% de los fondos programados fueron adjudicados, mientras que un 82% corresponde a desembolsos sin ejecutar. Estos datos sustentan una de las críticas de la Mesa TIC al FSU: la subejecución y baja velocidad de implementación, la burocracia y las demoras administrativas, y la falta de trazabilidad y evaluación de impacto en la ejecución. Adicionalmente, señalan la distorsión competitiva que genera el financiamiento a operadores estatales, que incluye, además de a ARSAT —que recibió el 10% de las adjudicaciones—, a las SAPEM (operadores estatales provinciales).

La contribución del 1% de la facturación al FSU es un factor más de la carga impositiva que deben afrontar los operadores en Argentina. Según el interventor del Enacom, actualmente la carga tributaria del sector está en el orden del 41%, considerando todos los niveles del Estado (nacional, provincial y municipal). En este sentido, la Mesa TIC solicitó reducir a la mitad la contribución al FSU, pasando del actual 1% al 0,5%, así como establecer un mecanismo de “pay or play“. Este permite computar como aporte al FSU aquellas inversiones o prestaciones que los operadores realicen directamente y que estén destinadas al cumplimiento de objetivos de Servicio Universal, incluyendo la conectividad de escuelas, centros de salud y otros puntos prioritarios. Esta última propuesta fue recibida favorablemente por el Enacom, que, en el mismo evento, anunció el lanzamiento del “Programa Incentivo a la Inversión en Equipamiento y/o Tecnología para el Despliegue de Conectividad”. La iniciativa funcionará como una herramienta de compensación de aportes al FSU, mediante el otorgamiento de Certificados de Crédito de Aporte al Servicio Universal (CCASU) por hasta el 50% de las inversiones aprobadas. No es la reducción pedida del 1% al 0,5%, pero al menos ese 50% quedará en manos de los propios operadores.

Criticado durante mucho tiempo por su implementación, el FSU atraviesa ahora una evolución positiva: pasar de un esquema basado predominantemente en la recaudación hacia otro orientado a resultados efectivos de conectividad, con un rediseño que apunta a corregir la subejecución señalada, sin perder de vista los cambios de contexto que dieron origen a su creación. Sin embargo, queda pendiente su uso para el cierre de la brecha de asequibilidad. El rediseño del FSU como facilitador de acceso, además de ofrecer mecanismos de crédito de inversión para operadores, debería contemplar ciertos subsidios a la demanda. Porque a la disponibilidad de infraestructura hay que sumarle su uso efectivo.