Esta mañana hubo revuelo mediático a raíz de un artículo publicado por el diario Clarín según el cual la presidenta se apresta a firmar un decreto que exigirá el empadronamiento de los celulares como forma de combatir el delito. Si bien no puede cuestionarse el objetivo, lo cierto es que hay varios puntos que merecen ser analizados, porque se corre el riesgo cierto de complicarle la vida a los usuarios honestos sin por ello afectar de manera significativa la actividad delictiva.
Cabe observar que actualmente, cuando se compra un celular por el canal oficial, los requisitos de identificación del comprador están vigentes. Hay que mostrar el DNI, y los datos quedan asentados. Inclusive la dirección otorgada es aquella a la cual el operador elegido envía la factura por la operación. El problema es que hay un inmenso canal no oficial, donde circulan SIM y teléfonos “reciclados”, es decir, de dudosa proveniencia, tal es el caso de los chips que se venden en los trenes urbanos. Quizás sería bueno que dentro de este plan de acción hubiera un control mucho más férreo que el actual sobre la cadena de distribución. O sea, más que generar nuevas leyes, quizás habría que cumplir con las existentes, para que el decreto en cuestión no se limite a ser un ejercicio intelectual.
El mecanismo descripto en la nota, tanto para el alta de las líneas como para la recarga de saldo, es bastante “chinesco”. En la misma se menciona que quienes usen líneas prepagas deberán identificarse como “usuario legítimo” para poder habilitar cada tarjeta adquirida, si bien aún no se definió cómo se implementará el sistema, citando a un funcionario que dice que “Es igual que exigir a quien compra balas certificación de que tiene su arma declarada”. Lo que el funcionario en cuestión no tuvo en cuenta es que hay una pequeña diferencia: las balas se renuevan mucho menos que los créditos del celular. Así lo más probable es que todo el mecanismo sea revisado cuando se compruebe su inviabilidad de su aplicación.
Otro punto que implicará un cambio cultural es que la gente se acostumbre a denunciar robos y pérdidas de celulares. Con aproximadamente 3 de cada 4 líneas celulares en servicio son prepagas, generalmente no hay mucho incentivo para hacer la denuncia en estos casos, ya que no hay seguro que reclamar y es mucho más rápido y eficiente adquirir una línea nueva que hacer la denuncia primero y el trámite en el operador después, para que reestablezcan la línea perdida o robada. Cabe recordar que el año pasado un 7,5% de los usuarios fueron víctimas del robo de su aparato, lo que proyectado da más de 2 millones de casos en el año. Estas cifras surgen del informe “Telefonía móvil – segmento individuos 2008”.
En fin, el tema es bastante más complicado de lo que parece y el decreto en cuestión agrega más complicación que solución. No obstante, esto no implica dejar las cosas como están. Habrá que trabajar con los operadores para que sean más estrictos en el control de los SIM y teléfonos que funcionan en sus redes y controlar en serio la distribución para que sólo quede en manos del canal oficial. Y como paso previo a exigir la huella digital de todo nuevo comprador de una línea, habría que tener un documento de identidad más acorde con el siglo XXI en el que vivimos y no esa invitación al pasado que es nuestro actual DNI.
