Con la presentación esta semana, tal como estaba previsto, del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA para simplificar), se abrió una nueva etapa en la discusión del rumbo de los medios y la participación de los proveedores de infraestructura en esta actividad.
El anteproyecto es laaaaargo (casi 150 páginas) aunque bastante prolijito, notándose la influencia académica de sus autores, con citas al pie, algún cuadro sinóptico y referencias varias. Desde el punto de vista formal, y considerando la extensión del documento, se siente la falta de una tabla de contenidos que agilice la búsqueda de determinados artículos (se imponen una lecciones de Word o Writer entre los funcionarios involucrados). Son muchos los temas que toca y varios de ellos fueron adelantados en los trascendidos previos, lo que sumado al poco tiempo para analizarlo debidamente, propicia que nos detengamos en las “sorpresas”.
No hay dudas de que muchas de las medidas propuestas apuntan directamente a la línea de flotación del grupo Clarín. Entre éstas se puede mencionar:
- Impide que un mismo grupo sea propietario de un canal de TV abierta y una empresa de TV por suscripción (cable o satélite) en el orden local. Así, este grupo no podría operar Canal 13 y Cablevisión en el AMBA. Esto implicaría además que si eventualmente Telefónica quisiera obtener una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, debería desprenderse de Telefé (por la cual ya hubo interesados…).
- Una misma empresa no podrá ser propietaria de una compañía de TV paga y al mismo tiempo producir señales que transmita. El grupo Clarín tiene 6 señales de cable (TN, Volver, Magazine, Metro, Canal Rural y Trece Satelital).
- No se podrá ser titular de una licencia cuyo servicio y/o audiencia supere el 35% del mercado. Cablevisión tiene el 47% de los abonados a TV paga.
- Si bien el artículo que hace referencia es muy ambiguo, se exige que determinados espectáculos deportivos (léase fútbol) deberán ser transmitidos por la TV abierta y gratuita. Hoy el Grupo es socio de la empresa que tiene los derechos de televisación de este deporte, cuyos ingresos provienen de la venta a los distintos operadores de cable. Y la TV abierta sólo puede retransmitir los goles luego de que hayan sido difundidos por Fútbol de Primera (que se emite por canal 13).
Por supuesto, si bien el Grupo Clarín es el más grande del país y por lo tanto quien más se verá afectado por esta ley si finalmente pasa como está prevista, no será el único. Otros sentirán también sus efectos, aunque con otra escala, como sería el caso del Grupo Uno (muy fuerte en el interior del país) y hasta el Grupo Telefónica, con muchos canales de TV abierta en el interior (más allá de Telefé). Y eventualmente, algunos negocios dejarán de ser viables (como por ejemplo, la compra de Telecentro por algún multimedio, como se viene rumoreando).
En cuanto al universo específico de las empresas de telecomunicaciones, la cosa es más favorable, aunque quizás no es todo lo rosa que pudieran haberse imaginado en algún momento. El anteproyecto contempla que las telefónicas (no únicamente Telefónica y Telecom) ingresen al mercado de TV por suscripción, aunque como redes de transporte. No obstante, se les exige una mayor apertura de sus redes vía interconexión, unbundling, no existencia de subsidios cruzados y hasta portabilidad numérica (que se aplicaría también a las redes móviles). En realidad, esto ya estaba contemplado en la regulación vigente (decreto 764/2000), aunque el Estado no se preocupó demasiado en hacerla cumplir.
Presentando el anteproyecto, se abre ahora un período de 90 días que probablemente coincida con el debate preeleccionario si finalmente se aprueba el adelantamiento de las elecciones legislativas. Si a esto le sumamos el conflicto con el sector agrario que está recrudeciendo, tenemos por delante tiempos muy politizados que distarán de ser apacibles. Quizás no sea el escenario ideal para tratar una ley de tamaño impacto y trascendencia, pero las cartas así están barajadas y no queda otra opción que jugar.