Dentro de la regulación en telecomunicaciones, uno de los aspectos en los cuales suele haber consenso (más allá de quienes financian no siempre ven esto con buenos ojos) es en la necesidad de contar con una política de Servicio Universal (SU) que permita llevar la conectividad a sectores o geografías no atendidas correctamente.
Como será la cosa que este gobierno, que se caracteriza por su inacción regulatoria en materia de telecomunicaciones, ha mostrado su mayor actividad en relación al Servicio Universal, aunque aún con pocos logros para exhibir. Sin embargo, al menos en el campo teórico, no desiste de sus buenas intenciones, por lo que esta semana, a través de la resolución 88/2009 de la Secretaría de Comunicaciones, incorporó el acceso a Internet a los servicios básicos financiados con el fondo del Servicio Universal.
La prestación del servicio de acceso a Internet será obligatoria para poblaciones superiores a las 250 personas. Por otra parte, en todos los casos, la velocidad mínima de conexión deberá ser de 128 kbps (lo que permitiría llegar con la red celular, dato no menor) y los precios tendrán que ser similares a los que se cobran en los cinco primeros centros urbanos del país.
La incorporación del acceso a Internet al Servicio Universal era una demanda que tenía ya varios años de vida, por lo cual es bienvenida. Ahora resta esperar que más allá de resoluciones y otros instrumentos regulatorios, empecemos a ver de una buena vez las implementaciones concretas. Si no, sería un mero entretenimiento de abogados.
