Esta semana fue rica en novedades relativas a lo que ya se conoce como “impuestazo tecnológico”, es decir, la suba del IVA y la aplicación de impuestos internos a distintos bienes tecnológicos que no sean producidos en Tierra del Fuego.
Resultó interesante lo que sucedió con las declaraciones del presidente de AFARTE (que agrupa a los fabricantes del Tierra del Fuego) el martes al diario Clarín, bajo el título de “Electrónica: los industriales llegan a un acuerdo por Tierra del Fuego”. Por un lado, la nota habla de un acuerdo entre los fabricantes radicados en esa provincia y aquellos que están en el continente, pero siempre en el país. Claro que esto duró sólo unas horas, hasta que CAMOCA, cámara que agrupa a los fabricantes “continentales” entre otros, emitió un comunicado desmintiendo tal acuerdo.
Por otra parte, el mismo artículo da a entender que el supuesto acuerdo fue realizado entre los empresarios, por lo éstos serían quienes deciden en definitiva quién se puede acoger a los beneficios de producir en Tierra del Fuego y no las autoridades estatales. Algo así como la privatización de las políticas industriales. Notable.
El representante de AFARTE también dio una entrevista al diario Página/12, donde cometió la irresponsabilidad de decir que “la notebook no es un producto suntuario, es una herramienta de trabajo para personas de ingresos altos”. O sea, si bien acepta que es una herramienta de trabajo, la asocia con personas de ingresos altos. ¿Será que no se enteró de que también las empresas, de todo tamaño, compran notebooks? ¿Tampoco se enteró de que cada vez son más los integrantes de sectores medios que compran notebooks (o ahorran para ello)? Una demostración de desconocimiento del mercado pasmosa. Pero la cosa se pone peor cuando afirma: “¿con qué impuesto las grava? Como ya existe una ley de Impuestos Internos, es más fácil incluirlas ahí que inventar otro gravamen”. Así, demuestra una ligereza en el manejo tributario que explica muchas cosas.
Finalmente, en lo que hace al tratamiento de la ley en el Congreso, tropezó esta semana al no lograr el quórum necesario (no olvidar que los muchachos/as están en campaña por lo que se reúnen poco para sesionar… hay cosas más importantes) y quienes siguen de cerca el acontecer parlamentario sostienen que no será tratada hasta después de las elecciones. Habrá que ver qué sucede políticamente entonces ya que de hecho, aún dentro del propio oficialismo, hay dudas respecto de la conveniencia de la medida. No hay que olvidar también que distritos importantes como la Capital, Buenos Aires y Santa Fe, entre otros, ya tiene fábricas produciendo en su territorio, las cuales se verían muy afectadas de aprobarse la ley.
Lo cierto es que el proyecto de ley generó una oposición cerrada. Sólo fue defendido por AFARTE y unos pocos de los voceros del oficialismo contra el resto de las cámaras y el público en general (basta con leer comentarios de lectores en los diarios, grupos de Facebook y blogs creados a tal efecto). Así, quienes siguen el tema político creen finalmente que el proyecto quedará en la nada. Sería un desgaste innecesario para el gobierno en una medida que en definitiva no les aportaría nada tanto económica como políticamente. Ojalá que no estén equivocados.