Siguen las novedades respecto de lo que ya se conoce como “impuestazo tecnológico”. Luego de no haber podido tratar el proyecto de ley en el Congreso, lo que postergaría su tratamiento para después de las elecciones, y ante la masiva oposición a la medida (sólo están a favor el oficialismo y las pocas empresas beneficiadas instaladas en Tierra del Fuego), parecería que se está estudiando reformular la propuesta para que sea más digerible. Al menos eso es lo que se desprende de un artículo publicado esta semana en el diario El Cronista según el cual el omnipresente Secretario de Comercio Interior habría tomado cartas en el asunto. El objetivo sería lograr un proyecto que no genere tanta oposición en un momento donde no le hace falta en absoluto al gobierno.
Básicamente, lo que se estaría analizando son dos alternativas. Una es la posibilidad de extender el beneficio a todos los productores nacionales, independientemente de su ubicación geográfica. La otra, facilitar la radicación en Tierra del Fuego de las empresas que fabrican en otros distritos del país.
La primera alternativa, extender los beneficios a todo el país, es la razonable, dentro de un esquema proteccionista. Es decir, es lógico que si se quiere fomentar y proteger a la industria nacional los beneficios sean independientes de su ubicación geográfica, especialmente tratándose de una actividad que ya está operando en diversos distritos del país. En este caso habría una discusión ideológica entre aperturistas y proteccionistas. Y como toda discusión ideológica difícilmente se llegue a un acuerdo. En algunos aspectos, las ideologías son como las religiones. Hay bastante de fe, con lo cual es tan difícil que un aperturista se haga proteccionista como al revés. Una discusión interesante desde el punto de vista intelectual, pero poco fructífera desde la perspectiva práctica. Pero más allá de esto, esta alternativa implicaría un gran revés para Tierra del Fuego, a pesar de su apoyo al gobierno nacional en el adelantamiento de las elecciones. Habría que buscar otra forma de compensación.
La segunda alternativa, ampliar el listado de empresas a instalarse en Tierra del Fuego y gozar de los beneficios fiscales, no es tan sencilla como parece. Por un lado hay muchos costos involucrados: cerrar las operaciones en el continente, indemnizando a los despedidos y/o haciéndose cargo de los costos del traslado de los trabajadores, montar una línea de producción y la infraestructura necesaria para operar en la provincia más austral de Argentina, reformular la logística y distribución, y otras más. Todo esto sin considerar las inversiones en infraestructura necesarias para absorber la población que se radicaría en la isla y que deben estar a cargo del Estado en alguno de sus niveles. O sea, todo muy lindo en los papeles, pero como reza el dicho, “el diablo está en los detalles”.
Más allá de la alternativa que se siga, hay dos objeciones que se le puede hacer al espíritu del proyecto. La primera, remarcando que es fruto del aporte de Carlos, lector de Comentarios, es que la promoción industrial basada en impuestos a la venta sólo se aplica para el mercado interno, ya que los mismos no se aplican a la exportación. Así, no puede lograrse una industria local que sea competitiva internacionalmente. El punto está más ampliado en el comentario publicado en el blog.
La segunda, es que con este modelo (más allá de la “fragancia” por la cual se opte) se vuelve a caer en el error de pensar al sector tecnológico como sector industrial y no como generador de valor agregado. En otras palabras, Argentina puede beneficiarse mucho más agregando valor a su producción en base a tecnología que fabricando electrónicos para el mercado interno. La prueba está en el desarrollo reciente de toda una gama de servicios exportables, como son los contact centers, las empresas desarrolladoras de software o los proveedores de tercerización de servicios. Todas actividades basadas en las TIC, gracias a la combinación de infraestructura tecnológica y recurso humano capacitado. Y de más está decir que así como agregan valor a la producción exportable, también generan competitividad de la economía y ayudan notablemente a la integración y movilidad social.
Para ser más gráficos, si nos situáramos en la segunda mitad del siglo XIX, estaríamos preocupados en fabricar durmientes y rieles en vez de en desarrollar una infraestructura de ferrocarriles para mover lo producido por el país. No está mal en absoluto que como país fabriquemos rieles y durmientes, pero no debe ser a costa del desarrollo de la infraestructura.
Una última observación es que, más allá de si se extiende el beneficio a todas las empresas nacionales o a aquellas radicadas en Tierra del Fuego, lo que sí es seguro es que los precios de los bienes involucrados subirán igual.
