Finalmente, y luego de algunas demoras, el proyecto de ley que grava a los electrónicos (más conocido como impuestazo tecnológico) obtuvo media sanción en el Congreso (diputados), aunque con algunas modificaciones respecto del proyecto original.
Un cambio positivo fue la eliminación de las notebooks del listado de electrónicos incluidos. Más allá de las posturas ideológicas en relación al proteccionismo o librecambismo, la inclusión de las portátiles no tenía gollete, habida cuenta de que las mismas se fabrican en el territorio nacional. De haber prosperado el proyecto original, se hubiera discriminado entre producción nacional y producción en Tierra del Fuego, lo que a todas luces era un disparate.
No obstante, el proyecto puede (y debería) ser mejorado. Una de las mejoras tendría que ser también la exclusión de los celulares. Por diversas razones. Por un lado, porque aunque muchos no lo vean así, son una herramienta contra la exclusión social. No sólo porque cada vez más permiten acceder a Internet (es cierto que aún no es masivo, pero hacia allí es la tendencia). También son una herramienta de trabajo para muchos, inclusive aquellos pertenecientes a los segmentos socio económicos más bajos. La imagen del celular asociada al empresario hiperactivo es cosa del pasado. Por otra parte, en un año donde la caída de la importación de celulares es del orden del 27%, subir el precio de los mismos vía aumento de impuestos sólo la hará más pronunciada. Así tendremos menos renovación, menos usos de nuevos servicios (viables a través de equipos más avanzados), menos recaudación de impuestos.
En cuanto al tema de duplicar el IVA para que pase del actual 10,5% al 21% que registran la mayoría de los productos, parece acertado en términos de igualdad fiscal. En realidad, el problema aquí es lo elevado del IVA, no su aplicación a los electrónicos. Sin embargo, sería bueno evitar sobresaltos estableciendo un cronograma de suba progresiva, para que no impacte tanto y tan súbitamente en los precios. Aunque pedirle esto a un gobierno que aumenta un 300% el gas de una facturación a otra es algo ingenuo.
Ya pensando en el impacto en los demás productos, se puede decir que será casi neutro en el caso de los televisores de LCD. Y no porque la suba no se refleje en los precios sino porque las retenciones de estos productos en la Aduana hicieron que hoy prácticamente no se acceda a aquellos fabricados fuera del país. Basta con recorrer las casas de electrodomésticos para comprobar que lo que mayormente hay disponible son equipos de marcas fabricadas en Tierra del Fuego. Y además, están más caros que un mes atrás, tanto en pesos como en dólares.
Por el lado de los electrónicos pequeños incluidos en el proyecto (cámaras fotográficas, GPS y otros), es probable que al haber un margen de precio tan grande se incentive el contrabando, con el consecuente costo fiscal.
Más allá de las críticas o apoyos que recibe la propuesta, indudablemente el tratamiento de este proyecto en momentos en que se discuten también otros de gran importancia indica que hay ciertamente un interés recaudatorio detrás de la medida. Según el diario El Cronista, el gobierno espera recaudar $ 3.000 millones, lo que le permitiría tapar algunos baches fiscales.
Todo esto sucede mientras Argentina tiene precios más altos que otros países de la región en materia de electrónicos, tal como surge de un artículo publicado por el diario La Nación. En fin…
