Es normal que en momentos como el presente, donde se debate el polémico proyecto de ley de medios, cada uno de los interesados intente llevar agua para su molino, resaltando sus virtudes y minimizando sus defectos. Pero una cosa es defender su posición y otra es utilizar argumentos “flojos de papeles” para sostener algo de dudosa veracidad. Esto sucedió esta semana en que ATVC publicó una solicitada en relación al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La industria del cable en Argentina tiene varios méritos. La penetración del servicio (de más del 60% de los hogares) tiene tasas que se ubican entre las más altas del mundo, siendo claramente líder en Latinoamérica. Existen cientos de operadores de todos los tamaños que hacen una importante contribución a la distribución y diversidad de los contenidos (algo que está en línea con el espíritu del proyecto de ley). También es justo reconocer que fue la TV por cable la pionera de la banda ancha en Argentina, a través de Fibertel, antes que las mismas telefónicas. Es más, fue uno de los primeros países donde se implementó comercialmente el acceso de banda ancha vía redes de TV por cable. En síntesis, la industria de la TV por cable tiene suficientes méritos como para recurrir a argumentos falseados para defender su posición frente a un proyecto de ley que la afecta especialmente.
Un argumento irritante (porque subestima al destinatario del mensaje) es decir que se trata de una industria en competencia. Que haya más de 700 operadores no quiere decir que compitan entre sí. Las industrias basadas en redes compiten dentro el alcance geográfico de las mismas, no dentro de la totalidad del territorio nacional. Una importante proporción de los cables operan en regiones acotadas pero donde son la única alternativa. Se podrá argumentar que siempre está la competencia de la TV satelital, cuya cobertura alcanza a todo el país. Si bien se trata de un producto sustituto, no es tan competitivo, como lo demuestra su penetración que equivale aproximadamente al 10% del mercado de cable. El resultado es que a pesar de estas 700 cableras, abundan los casos donde los habitantes tienen una única opción de proveedor de TV por cable.
Por supuesto, en esto hay gran responsabilidad del Estado, que durante años congeló el otorgamiento de nuevas licencias, medida ridícula desde el punto de vista técnico si se considera que el tendido de cables no es un recurso escaso, como sí sucede con el espectro radioeléctrico (razón por la cual hay un número limitado de canales de TV de aire, radios, proveedores de comunicaciones inalámbricas y hasta operadores de telefonía celular). En otros casos hubo, como sucedió en la ciudad de Buenos Aires, medidas que frenaban el ingreso de nuevos actores porque les exigían acciones que los “incumbentes” cableros no cumplían (ni cumplen), como soterrar sus cableados. Se evitó así realizar una inversión que sí se le exige a los “entrantes”. Por eso, cuando desde ATVC sostienen que la industria se desarrolló sin exclusividades, es una afirmación que puede considerase al menos como discutible.
No le falta razón a ATVC cuando afirma que se trata de una industria donde “los operadores se consolidan y establecen alianzas para costear las cuantiosas inversiones en digitalización, nuevas tecnologías y banda ancha”. Al cable, como a las telcos, se le aplica la misma racionalidad económica: importantes inversiones que requieren de escalas para poder ser viables. Por eso, más que pretender evitar la concentración, hay que regularla para que ésta no dé lugar a abuso de posiciones dominantes.
Finalmente, y en un acto de sincericidio, ATVC reconoce la debilidad de muchos de sus asociados. Lo hace cuando afirma que “con cables pobres y fragmentados seguiremos teniendo redes atrasadas, con pocos canales que terminarán siendo los que el Gobierno decida”. Como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas.
Lamentablemente, el proyecto de ley de medios no se presenta como una solución para estos problemas. Los desequilibrios y limitaciones que se dan tanto en las redes de cable como las de telecomunicaciones requieren de un enfoque más aggiornado, pensando no ya en una Ley de Telecomunicaciones sino en una ley que podríamos bautizar de “Infraestructura digital”. Una norma que no diferencie entre red de cable coaxil, par de cobre o fibra óptica, y que tenga una normativa independiente de los contenidos que por ésta viajen. Una Ley de Infraestructura Digital que contemple las particularidades del negocio (como la tendencia a las grandes escalas) pero que tenga como norte la competencia de infraestructuras, la mejor forma de asegurar el desarrollo, difusión y actualización de las mismas a precios que el consumidor pueda pagar. Es hora de despertar del letargo y darse cuenta de que vivimos en el siglo XXI.
