Si hay algo que cualquier neófito en materia de telecomunicaciones tiene más o menos en claro es que el futuro en esta materia pasa por dos conceptos: banda ancha y movilidad. En Argentina, sin embargo, ambos están dando señales de que las cosas se comienzan a estancar, si no a complicar. Y habida cuenta de la relevancia que la infraestructura de telecomunicaciones tiene en toda sociedad y economía moderna, es un tema que no permite hacerse los distraídos.
Por el lado de la banda ancha fija, el crecimiento en el segmento residencial fue del 7% en un año (de junio 2011 a junio 2012), una tasa baja si se considera que el nivel de penetración del servicio alcanza al 35% de los hogares. Por otra parte, tomando como referencia un trabajo realizado por la Universidad de San Andrés, se observa que Argentina se encuentra a mitad de camino en términos de ancho de banda promedio de sus conexiones. Un retroceso teniendo en cuenta que en sus orígenes el país lideraba regionalmente en esta materia.
Esto marca la falta de incentivo a las inversiones en las redes para aumentar su ancho de banda y alcance. Es importante destacar que el argentino es un mercado dominado claramente por la tecnología ADSL que si bien tiene un techo teórico que ha venido creciendo desde sus primeras implementaciones, en la práctica encuentra problemas cuando se pretende ir más allá de su “zona de confort”. Así, los productos de gran ancho de banda sólo son viables cuando no hay demasiada distancia entre las centrales y la casa de cliente y/o cuando el estado del cobre es el óptimo (situación que se da en los laboratorios pero con menor frecuencia en la realidad).
Una forma de incentivar el desarrollo de las redes pasa por fomentar una mayor competencia, tanto en las redes telefónicas como en las de cable. En el caso de las primeras, muchos países vieron crecer la capacidad real de éstas permitiéndoles transportar señales de TV. Pero en el caso argentino, la ley de medios impide que puedan hacerlo. Y esto no sólo atañe a Telefónica y Telecom, sino que también alcanza a toda empresa que nació como de telecomunicaciones, tal el caso de Iplan, Metrotel y otras, así como los cientos de ISP que hay en el país.
Por el lado de las redes de cable, los límites no vienen tanto por el lado de la capacidad sino más bien por la extensión. Aquí, nuevamente las limitaciones de la ley de medios, que aplica límites geográficos de extensión a las mismas, atenta contra su mayor difusión. En realidad debería ser al revés, fomentar la extensión y multiplicación de redes, ya que es ésta una forma de democratizar el acceso a los contenidos. Transporte y contenido son dos cosas totalmente distintas y que como tal requieren de aproximaciones independientes.
Tampoco puede obviarse el enfrentamiento entre el gobierno y la principal red de TV por cable del país, donde, entre otros factores, no se autoriza a Fibertel a dar servicios de telefonía (por más que regulatoriamente está habilitado). Telecentro o Supercanal, entre otros, ofrecen servicios de triple play que los convierte en competidores directos de las telefónicas. No parece razonable impedir que el principal operador de cable no sea también un competidor de éstas.
A esto se suman las dificultades que hay (y cuya intensidad varía según el momento) a la importación de tecnología de red, tanto en el ingreso del material como en el giro de las divisas necesarias para pagarlas.
Por el lado del desarrollo de las redes móviles, el panorama tiene características distintas aunque también se encuentran limitaciones. La asignación del espectro sobrante de Movistar a Arsat (independientemente de si se está a favor o en contra ideológicamente) hizo que el mismo no esté disponible en el corto plazo para aliviar las limitaciones que hay en momentos en que los smartphones se venden como pan caliente (1,7 M de unidades en el Q3 únicamente) y la demanda por capacidad acompaña este crecimiento. Sin conocerse aún cuál es el plan de negocios de Arsat (de hecho todavía ese espectro ni siquiera fue otorgado legalmente a la empresa estatal), la incursión de esta empresa en el mercado todavía es una promesa sin fecha cierta de concreción. Y si Arsat fuera a montar su propia red, estamos hablando de un mínimo de 2 años antes de que empiece a dar servicio en todo el país.
Pensando en las nuevas tecnologías móviles, al no haber siquiera una fecha anunciada para comenzar el proceso de asignación de espectro para servicios LTE (que multiplicarían la capacidad de las redes móviles para poder dar servicios de datos con una mayor capacidad), el horizonte se presenta con nubarrones. O, dicho de otro modo, los problemas de calidad de servicio que se registran en las redes móviles en la actualidad llegaron para quedarse.
Fuera del espectro, uno de los grandes problemas que hoy enfrentan los operadores móviles tiene que ver con las limitaciones no ya a la instalación de nuevas antenas sino a los problemas que surgen con las existentes, siendo cada vez más habitual los pedidos para su retiro y/o desactivación. Es un asunto complejo ya que se maneja a nivel municipal y cada distrito tiene sus propias prácticas, tasas y requerimientos. Se trata de un tema cada vez más relevante y que merecería una normativa única a nivel nacional. Así se uniformarían los requisitos (tanto técnicos como económicos) y se evitarían las arbitrariedades, lo que haría previsible su despliegue. Un tema que Arsat deberá considerar seriamente si planea desplegar su propia red.
Existen muchos otros factores a evaluar que podrían incentivar el desarrollo de las redes, tanto fijas como móviles, como interconexión, derechos de vía, impuestos (a los servicios y a los dispositivos), entre otros instrumentos en materia regulatoria. El Estado optó por avanzar casi exclusivamente por el lado de participar directamente con inciativas como Argentina Conectada y más recientemente con la asignación de espectro a Arsat para que dé servicios móviles. Sin embargo, no debiera ser éste el único eje de acción. La regulación bien implementada puede dar resultados iguales o mejores y en menor tiempo. Y no sería bueno que Argentina comience a quedar rezagada en áreas claves de una sociedad moderna. Deberíamos comenzar por incluir estos temas en la agenda política.
