Una de las características de la política de telecomunicaciones de los últimos años es que nunca fue explicitada. Por supuesto, los lineamientos se hacían evidentes por las acciones u omisiones. Se congeló (ya que no se derogó) la regulación aperturista del 2000, privilegiando un mercado más concentrado. Se siguió dándole un trato discriminado a las redes fijas en función de tecnologías (par de cobre o coaxil) y no de servicios posibles. Se redujo en vez de aumentar el espectro disponible para servicios móviles. Entre otras acciones. Pero esta semana, quizás como nunca antes, y en un acto de la más pura sinceridad, el interventor de la CNC explicitó, a través de una entrevista publicada por el diario Página 12, cuál es el espíritu: no a regular, sí a participar.
Hacia el final del reportaje, el funcionario sostiene que “cuando en algunos países se regula a través de resoluciones, nosotros lo vamos a hacer con una empresa del Estado”. Menciona esto en relación al rol de Arsat como proveedor de infraestructura mayorista en lugar de haber utilizado la regulación vigente (o una nueva, de haberse considerado necesario).
En el caso de la telefonía móvil, y siguiendo con esta línea, el funcionario adelanta que el espíritu es el mismo, aclarando que “ese es el papel de Arsat, que de a poco se transformará en un referente de las comunicaciones, que servirá para regular hacia abajo, estableciendo pautas de calidad, precios y acceso para el resto de las empresas privadas”. De esto parece inferirse que efectivamente el objetivo de reservar espectro para Arsat es convertirla en un oferente más en el mercado de las comunicaciones móviles. Claro que el problema de la aplicación de este modelo es que llevará tiempo. Si el objetivo es que Arsat sea referente de calidad, precio y acceso, deberá construir una red propia. Pero el despliegue de la misma llevaría no menos de 2 años, tiempo durante el cual esta política no tendría efectos sobre sus competidores.
Debe quedar claro que el problema en sí no es que Arsat participe como un actor más del negocio de las comunicaciones móviles. El problema es que empiece a hacerlo desde cero en un mercado ya maduro, lo que implica una inversión importante y tiempo para poder competir y por lo tanto poder cumplir con los objetivos enunciados. Además, debería nutrirse de la migración de los actuales clientes más que del crecimiento neto de usuarios.
Por otra parte, si definitivamente ésta es la política, lo razonable (desde la perspectiva de Arsat) sería que en el ínterin no hubiera licitación de espectro para servicios LTE (o 4G) o que la hubiera, pero con reserva para la empresa estatal. Caso contrario, sus competidores contarían con una ventaja importante, con lo que no podría cumplir con su objetivo de ser un referente de precios ni de calidad de servicios.
¿No sería más fácil y efectivo regular a través de resoluciones? Un debate que deberíamos dar para asegurarnos de no atrasar la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones en el país.
