Desde que era un proyecto, luego de su sanción, y más recientemente por la aproximación hacia la simbólica fecha del 7D, mucho es lo que se ha hablado y discutido respecto de la ley de medios. Pero el debate pasa más por la política de coyuntura, el espíritu de la misma y su cumplimiento, olvidándose que impacta sustancialmente en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, infraestructura básica del siglo XXI y que se acerca a ser tan relevante como la electricidad.
Desde esta perspectiva, hay una crítica fundamental a la ley y que es la no discriminación entre red y contenido, habida cuenta de que son cada vez más independientes de la red que los transporta, situación que sólo se acentuará con el tiempo. Hoy con una conexión de Internet podemos realizar llamadas, tanto desde una red de banda ancha fija como móvil, utilizando servicios que son ajenos al operador (como es el caso de Skype u otras aplicaciones). También se puede ver TV en vivo (bajo formato de streaming) o bajo demanda, de forma totalmente independiente del proveedor del servicio de Internet que transporta este contenido. Los servicios ya no son exclusivamente los propios de la red sino también aquellos conocidos como OTT (Over The Top).
Esto no fue siempre así. En el mundo analógico, red y contenido eran una misma cosa. En ese entonces, una red de TV cable sólo podía transportar video, mientras que una red telefónica, voz. Así, la regulación de una actividad determinada no necesitaba distinguir entre red y contenido. Pero esto cambió con la conversión de estas redes a digitales, que agregaron la capacidad de transportar datos eficientemente. Y datos es todo: es texto, es audio, es video. En consecuencia, cualquier red digital puede transportar cualquier tipo de contenido. No hay diferencia entre lo que la red de un operador de cable puede hacer respecto de la de una telefónica. No obstante sí la hay desde la ley de medios. Mientras a las redes de cable les impone límites de licencias (24) y participaciones de mercado (35%), las redes de telecomunicaciones operan con una licencia única y no tienen límites de cuota de mercado. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones no pueden distribuir señales de TV, cosa que obviamente hacen las redes de TV cable. En resumen, regulando en forma diferenciada redes que son cada vez más difíciles de distinguir, surgen las asimetrías. Todo esto termina afectando a la sociedad en su conjunto, ya que en el mundo moderno las redes digitales son infraestructura básica para la sociedad y la economía. Cualquier política que busque acotarlas va a contramano de las necesidades del país.
Reducir la cobertura y/o participación de mercado de una red puede sonar como beneficioso para los usuarios, pero no necesariamente es así. Una empresa (de cable según la visión actual de la ley) que alcanza uno o ambos topes ya no invierte en la expansión de su red. Y así, la competencia (y sus beneficios) se centra en las áreas más rentables, mientras que las otras en el mejor de los casos son atendidas por operadores de una escala menor y por lo tanto con mayores costos por ser más ineficientes. O si no, se deja en manos del Estado.
A diferencia de otras infraestructuras de base, en el caso de las telecomunicaciones es posible (y aconsejable) fomentar la competencia entre diversas redes. Esto se debe a que se trata de una de las pocas infraestructuras que puede ser redundante por solapamiento geográfico (como sucede con el ADSL, cable, fibra óptica, inalámbrica, móvil), cosa que no sucede con electricidad, agua o gas, donde no hay opción ni alternativa viable (a menos que consideremos como tal a generadores, tanques o garrafas). Esta posibilidad única de superponer infraestructuras de comunicaciones da lugar, con la regulación adecuada, a una mayor competencia, manteniendo los precios a raya e incentivando nuevos desarrollos.
Lamentablemente, lo que tenemos hoy es una regulación que discrimina en función del origen de la red. Lo que una red pueda legalmente hacer depende entonces del ámbito en el cual se tramitó la primera habilitación, el COMFER (hoy AFSCA) para los operadores de cable o la Secretaría de Comunicaciones para empresas de telecomunicaciones. Visto así, es inconcebible que la Secretaría de Comunicaciones aún no se haya hecho oír en el asunto.
El mundo tecnológico está cambiando aceleradamente y esto sólo se acentuará en el futuro. Hay que regular red y contenidos con instrumentos específicos. Y considerar en similares condiciones a todas las redes, independientemente de su origen, aunque previendo transiciones programadas que amortigüen las diferencias de peso que sin dudas las hay.
A pesar de que prácticamente nada se habla de esto, el rol de las redes es un debate clave que tenemos que encarar como país en pleno siglo XXI. Será necesario despojarse de fanatismos e irracionalidades para abordar el tema con la seriedad y relevancia que tiene para el desarrollo nacional en las próximas décadas. No sea cosa que se nos escape el tren.
