La semana pasada el gobierno dio un paso más en su política en materia de telecomunicaciones móviles. Lo hizo al anunciar la creación de Libre.ar, un operador mayorista que atenderá a PyMEs y cooperativas para que éstas a su vez atiendan directamente a los usuarios, sean individuos u organizaciones. Se trata de una medida que en principio es relevante, aunque el éxito de la misma está vinculado a definiciones que aún no se dieron oficialmente.
Por sus características, las redes inalámbricas merecen un tratamiento distinto de las redes cableadas. En el caso de estas últimas, se trata de un recurso infinito, ya que se pueden desplegar tantas redes como sea económicamente viable o políticamente aconsejable. Por lo tanto, no hay necesidad de imponer restricciones legales, por más que la Ley de Medios vigente así lo considere (aunque esto es tema de otro análisis).
En el caso de las redes inalámbricas, la cosa es radicalmente distinta. Se trata del uso de un recurso finito como es el espectro, por lo que el número de actores que pueden participar es limitado. Esto es lo que se da en el caso de la telefonía celular, donde tal como fueron distribuidas las frecuencias, sólo hay lugar para cuatro operadores. Estos son actualmente Claro, Movistar, Personal y Arsat. Dejamos fuera de este listado a Nextel ya que por las características de su servicio, opera en una porción del espectro distinta a la de las mencionadas.
El hecho de que sólo unos pocos puedan acceder genera condiciones de competitividad claramente distintas a futuro. Aquellos que posean redes fijas y móviles tendrán una ventaja competitiva considerable respecto de aquellos que sólo tengan fijas. Y esto eventualmente podría significar la desaparición o al menos la marginación de todos aquellos que no dispongan de una pata móvil.
Más allá de las buenas intenciones detrás de Libre.ar, al anuncio le faltó una definición clave: quién pondrá la infraestructura. Si nos guiamos por lo que Arsat viene realizando últimamente, no hay dudas de que el objetivo final será el de contar con una red de comunicaciones móviles propias. Pero su construcción llevaría tiempo y dinero. En términos de tiempo, parece poco probable que una red pudiera estar en condiciones de competir con los operadores establecidos antes de 2 años. El dinero, si bien no es un tema menor, puede aparecer en función de reasignaciones presupuestarias. Sin dudas, aquí la clave es el tiempo.
Por esto es quizás que en la semana previa al anuncio corrieron rumores de que lo que haría Arsat sería aportar su espectro a los tres operadores actuales (Claro, Movistar y Personal) a cambio de utilizar sus redes para dar el servicio. Se aplicaría así el modelo de OMV (Operador Móvil Virtual). Así lo publicó el diario El Cronista y también era tema de conversación entre ejecutivos de la industria (tanto de actuales como de potenciales operadores), pero al no haber confirmación oficial, lo mejor es no dar las cosas por sentado.
La operación virtual sobre las redes de los operadores actuales tiene su lógica. En un mercado 2G/3G saturado, y ante la evolución natural en el horizonte hacia 4G, no tiene mucha racionalidad económica para Arsat desplegar su propia red con esta tecnología. Pero sí sería necesario que se apuren los tiempos para llevar adelante la licitación del espectro para 4G, donde muy probablemente Arsat se reserve de entrada una porción del espectro y subaste el resto. Quizás dentro de esa negociación de espectro a cambio de infraestructura que se rumorea, el Estado asegure a los operadores actuales que la subasta esté acotada a éstos.
El modelo de OMV ya está contemplado en el país y es lo que da lugar a Nuestro, el operador virtual que ofrece el servicio a algunas cooperativas sobre la red de Telecom Personal. Si bien esta es una alternativa válida, los operadores que cuentan con espectro y red no están obligados a ponerla a disposición de terceros. Por lo tanto, o bien habrá una negociación entre el gobierno y los operadores con red para que estos pongan a disposición sus redes o bien habrá modificaciones regulatorias para que éstos no puedan negarse a hacerlo. Además, no debería descartarse que el gobierno ensaye algún tipo de regulación de precios, algo que no será sencillo pero que anda dando vueltas por la cabeza de algunos funcionarios desde hace algún tiempo. Ciertamente, no es una posibilidad a descartar.
Desde el punto de vista técnico, quedan algunas dudas de índole más práctico y mundano. Sabido es que en la actualidad las redes móviles presentan deficiencias en el servicio por estar al límite de sus capacidades. Si efectivamente se les asigna el espectro de Arsat a los tres operadores actuales, estos contarán entonces con más capacidad para atender a sus clientes. Pero de persistir los problemas, se le dará la razón a quienes opinan que éstos no responden únicamente a un tema de espectro, sino que también se originan en deficiencias en la configuración de sus redes, especialmente desde la antena hacia dentro de las mismas. De ser así, deberán extremar las medidas para mejorar su rendimiento.
Esto no puede escindirse de la perspectiva comercial. Utilizando la misma infraestructura que los operadores actuales, no hay margen para una diferenciación por el lado técnico de la calidad del servicio. Por el mismo motivo, tampoco pareciera que hubiera mucho margen para lanzar productos con precios mucho más baratos. Así, el eje de la diferenciación pasará mayormente por la estrategia de marketing, el cual por un tema de costos deberá tener un foco quirúrgico. Si a esto le sumamos el escaso impacto que tuvo la portabilidad numérica hasta el momento, se configura un escenario donde los nuevos oferentes no tendrán un camino de rosas.
Con las escasas precisiones con que se cuenta hasta el momento, queda claro que por ahora se trata más de especulación que de certezas. Habrá que ver si Papá Noel nos trae más definiciones o si habrá que seguir esperándolas para después del año nuevo.
