Una de las características del año que termina en materia de telecomunicaciones fue la relación de cierta tensión (bien disimulada y atenuada) entre el gobierno y operadores, particularmente en el caso de los móviles.
El año arrancó con incertidumbre entre los operadores ante la existencia de borradores en el Congreso para declarar a las telecomunicaciones móviles como servicio público, lo que implicaría, entre otras cosas, que se pudieran fijar las tarifas. Hasta ahora, ninguno prosperó, pero es una amenaza que sigue dando vueltas.
Luego ocurrieron dos caídas del servicio, una de Movistar bastante importante y más tarde una de Claro más localizada en el área metropolitana de Buenos Aires. Ambas tuvieron como consecuencia duras sanciones por parte del Ministerio de Planificación. Sanciones muy severas considerando que ninguna de las caídas del servicio se debió a problemas de la red por falta de inversión sino a un sabotaje de un ex empleado (Movistar) y a un corte producto de una obra pública (Claro). El tenor de las sanciones se daba muestras de un endurecimiento en la relación Gobierno-Operadores.
Todo esto sucedía mientras se repetían las postergaciones de la licitación del espectro devuelto por Movistar como consecuencia de la fusión entre Movicom y Unifón. Cuando finalmente parecía que se iba a determinar quiénes serían los técnicamente habilitados para participar de la subasta, el Gobierno sorprendió a todos anunciando que se reservaría esta porción del espectro para sí, otorgándoselo al operador estatal Arsat.
Esto se dio en un año en que el gran crecimiento del consumo de datos por las redes móviles ejerció una notable presión sobre su capacidad técnica en su actual configuración. El resultado fue una degradación en la calidad del servicio que no pasó inadvertida. Situación que hizo reflotar, aunque con intermitencias, las voces que reclamaban una mayor regulación sobre el sector.
Tampoco los fabricantes permanecieron al margen del rigor gubernamental. Tal fue el caso de la exigencia de proveer terminales con capacidad para sintonizar la TDT, que se hizo extensiva a los operadores para incluirlos en su oferta. Si bien Samsung y Motorola fueron los primeros en satisfacer esta demanda, se trata claramente de una movida que difícilmente se hubiera realizado de no haber mediado el pedido. La TV en el celular fue una iniciativa que despertó mucho interés en la industria a nivel global varios años atrás, pero que después fue perdiendo ímpetu ante la evidencia que el formato de broadcasting no es el que mejor se adapta a las condiciones de movilidad, a lo que se sumaron limitaciones técnicas, como el alto consumo de batería que afecta no sólo al uso de TV sino también al del equipo para su función primordial que son las comunicaciones.
Dentro de las medidas que tomó el Gobierno en relación a las telecomunicaciones móviles, hay dos que pueden ser consideradas como pro competencia. Una fue la implementación de la portabilidad numérica y la otra la creación de Libre.ar como operador mayorista de servicios de telefonía móvil. En el caso de la portabilidad, los resultados por el momento no fueron muy significativos. No obstante, el valor de esta medida podrá ser más relevante una vez que Libre.ar habilite a nuevos operadores a dar servicios. Sin embargo, este escenario no está aún muy definido, tal como se analiza en el comentario “Movilidad al mayoreo”.
Por el lado de las redes fijas, no hubo mayores novedades con la excepción del affaire Clarín-Ley de Medios. Si bien por el momento no hubo impacto en las redes como consecuencia del laberinto judicial en que se encuentra la aplicación de la ley, no obstante no deja de ser una amenaza no ya para el Grupo Clarín sino para el futuro de la conectividad en el país. La regulación de los contenidos merece ser independiente de la de las redes de transporte y distribución, algo que venimos sosteniendo desde la aprobación de la ley pero que sólo recientemente, con la amenaza concreta de desinversión, muchos comenzaron a percibir: es imposible escindir el servicio de TV por cable de su red de distribución. Independientemente de la postura que se tenga respecto del grupo mediático o del gobierno, se hace evidente que la ley genera una asimetría artificial entre redes de cable y de telecomunicaciones que a los efectos prácticos y de los servicios que pueden ofrecer, son semejantes.
En resumen, el 2012 trajo un Estado mucho más activo en el mercado de las telecomunicaciones. En algunos casos como regulador, rol hasta ahora tradicional aunque no muy ejercido, y en otros, como actor. Con buenas y malas, pero sin duda con una presencia cada vez más notoria.
