Tratando de imaginar el impacto que tendría este proyecto de ley en caso de aprobarse tal cual fue redactado, surge que algunos de los actores de este mercado saldrán más perjudicados que otros.
Sin dudas los más afectados serán los actuales proveedores de servicios de TV por cable que tengan sus redes adaptadas para dar servicios de telecomunicaciones, léase banda ancha. Y si bien, y como consecuencia de su ya histórico enfrentamiento con el gobierno, se tiende a pensar exclusivamente en Cablevisión, lo concreto es que el impacto es similar o mayor en el resto de la industria de la TV por cable. Es que los cableros quedan en el peor de los mundos desde el punto de vista competitivo. Les surge la competencia de las empresas de telecomunicaciones (las grandes telcos pero también ISP y PyME del sector) en el negocio de la TV y a su vez se le aplican obligaciones de incumbente (como desagregación y tarifas reguladas). Pero además, quedan en una posición competitiva debilitada frente a las telefónicas, las cuales cuentan con tres grandes negocios: la telefonía fija, la móvil y la banda ancha.
La telefonía fija no es un negocio para ningún entrante. A pesar de contar con tarifas que no se actualizan desde hace más de 15 años, se trata de un servicio en retirada, que cada vez trafica menos minutos y pierde líneas en uso. La sustitución por la voz desde el celular más las alternativas vía Internet, sumadas a una tendencia natural a sustituir mucho de lo que antes se hablaba por mensajes de todo tipo (SMS, mail, mensajería instantánea) hacen de la voz un servicio que sólo sirve de plus en un paquete, pero no mucho más. Por su parte, la telefonía móvil naturalmente es un servicio al alcance de unos pocos, por su característica de basarse en un recurso escaso como el espectro. Se podrá decir que está la posibilidad de operar como un operador móvil virtual (OMV), pero no es una alternativa que permita grandes escalas en un mercado maduro como el argentino.
Por su parte, las telcos deben estar haciendo cuentas y podría suceder que prefieran quedarse sin el negocio de la TV antes de tener que abrir sus redes y que las tarifas de sus servicios más rentables (móvil y banda ancha) puedan ser fijadas por la autoridad de aplicación, tal como hoy sucede con la voz fija. Por otra parte, hay que tener presente que el negocio de la TV paga está bajo amenaza de la misma Internet. Fenómenos como el de los cord cutters y los OTT no son modas pasajeras sino tendencias que sólo van camino a profundizarse y los mismos ya se dan en Argentina. Visto así, podrían tener mucho más que perder en sus negocios tradicionales que lo que podrían ganar con el negocio de la TV que está ingresando en una etapa declinante.
El gobierno es quizás quien más se pueda beneficiar con la nueva ley. La misma no sólo deja mucho poder en la autoridad de aplicación a definir, sino que también hay varios elementos como para reimpulsar a Arsat como un operador integral de telecomunicaciones, empresa que ganó imagen luego del éxito de la puesta en órbita del satélite. Tanto los pliegos de la licitación de 4G como este proyecto de ley dan facilidades para que un nuevo operador usufructúe las infraestructuras existentes, pudiendo adicionalmente fijar tarifas de unbundling e interconexión. Pero además, la nueva ley contempla la asignación directa de espectro “organismos nacionales, entidades estatales y entidades con participación mayoritaria del Estado Nacional” así como el manejo a definir del fondo del Servicio Universal, que genera un flujo de caja más que interesante.
En definitiva, podría decirse que no todo lo que reluce es oro. O, siguiendo con los dichos, el diablo está en los detalles.
