Desde hace unas semanas, no puede dejarse de observar en diversos medios una oleada de cuestionamientos al régimen de promoción de Tierra del Fuego que involucra principalmente a la industria electrónica. Esto es así porque la ley 19.640 que promueve la producción de diversos bienes en la isla vía múltiples exenciones impositivas se vio potenciada con el decreto 252/2009 que aumentó la carga impositiva de determinados productos, especialmente electrónicos, que no provengan de la provincia promovida. En resumen, menos impuestos para lo fabricado en la isla y más carga para lo proveniente del exterior.
El resultado de este esquema fue:
- inversiones en la isla para la producción de celulares, computadoras, televisores en materia de electrónicos
- creación de puestos de trabajo para llevar adelante esa producción
- costo fiscal resultante de los impuestos dejados de percibir por las exenciones establecidas
- aumento significativo del precio final de estos productos
A pesar de las distorsiones introducidas, el régimen funcionó sin demasiados sobresaltos hasta la segunda mitad de 2014. Pero a partir de ese momento, la cosa no fue tan fluida. Primero fueron las dificultades de acceso a divisas que hicieron caer fuertemente la producción, a lo que se sumó un reacomodamiento de los fabricantes. La cosa repuntó en el segundo semestre de 2015, en parte impulsada por la recomposición de stocks, agotados en los trimestres previos de escasez. Este año, los niveles de producción quieren recuperarse, pero el frío de la economía atenta contra ello.
En un escenario de recesión y de recorte del gasto público como el actual, un régimen como el de Tierra del Fuego vuelve a ganar presencia mediática y por qué no, política. Demasiado costo fiscal y productos que llegan muy caros al consumidor no pueden pasarse por alto en este contexto.
En este sentido, esta semana el periodista José Del Rio hizo una interesante columna en el programa de radio “No somos nadie”, donde dio algunos datos relevantes al respecto. Quizás el más relevante es cuando menciona que el costo fiscal de la promoción de Tierra del Fuego fue de entre $ 14 y 12 millardos (miles de millones) anuales, dando trabajo a 13.000 personas. Tomando un promedio entonces de $ 13 millardos anuales, el costo fiscal por puesto de trabajo es de $ 1 millón anual. Fuerte. También mencionó una caída del 18% en la producción de celulares, ratificando una cifra alrededor de la cual hay consenso entre los actores de la industria. Por otra parte, sostiene que este año se dejarán de producir notebooks y decodificadores de TDA en la isla. Las primeras volverán a ser importadas, como parte de las políticas de alfabetización digital que necesitan que los dispositivos sean más accesibles.
Es hora de buscar un replanteo para las políticas de Tierra del Fuego. Está claro que la industria electrónica local no será competitiva si no es protegida, por lo que una solución de largo plazo implica reenfocar las ventajas a otorgar hacia industrias que hagan un mayor aporte de valor agregado y que puedan desarrollarse con un menor costo fiscal. Por lo pronto, el régimen de exenciones está vigente hasta 2023, por lo que hay tiempo para ir pensando en una reconversión. Propuestas hay varias y van desde la producción de software hasta turismo, industrias petroquímicas, pesqueras, laneras o forestales, así como aquellas vinculadas a servicios que se puedan prestar desde el puerto. Y por supuesto, analizar las mejoras a realizar en materia infraestructura para la isla, pilares de cualquier actividad económica (cosa que no pasó en 2009). Sería temerario pretender seguir como si nada ocurriese.