Luego de la presentación del proyecto de ley y su tratamiento en la Comisión de Medios del Senado (que incluyó presentaciones de diversos actores del mercado) finalmente se acordó un dictamen que si bien introduce modificaciones al proyecto original están dentro de lo esperado.
Por el lado de los servicios de TV satelital (o DTH), se modificaron plazos así como los tamaños de las localidades más chicas. En el caso de los tres principales centros urbanos (AMBA, Córdoba y Rosario), la fecha para el inicio de la oferta de servicios de DTH se fijó para el 01/07/2020, postergándose un año y medio desde la fecha originalmente propuesta. Por otra parte, las localidades más pequeñas (y por las que mayores reclamos hubo por parte de los pequeños operadores) fueron llevadas hasta 100 mil habitantes y no 80 mil como fuera establecido originalmente. En estas localidades se pospone el inicio de competencia para el 01/01/2022, agregando 3 años a la fecha original. Para el resto de las localidades, la fecha será el 01/01/2021. De esta forma, recién en julio del 2020 comenzaría a haber más alternativas en proveedores de TV paga vía DTH que estarán disponibles para el 40% de la población del país que reside en los tres principales centros urbanos. Este corrimiento de fechas y de tamaño de localidades es una victoria para la actual industria de TV paga, no así para los consumidores, que verán postergada la llegada de competencia en sus localidades. Esto limitará oferta de paquetes de móviles a la cobertura de banda ancha fija de buena capacidad (como para soportar video). El escenario se presenta entonces propicio para el desarrollo de propuestas de servicios de TV en formato OTT que, ante el impedimento legal de llegar con DTH y la imposibilidad técnica de soportar las demandas mientras se desarrollan redes de fibra óptica, permitirán atender a los clientes a través de redes de terceros. Habrá que ver si operadores como Movistar o Claro optan por independizar sus plataformas de contenidos de sus redes para intentar ganar mercado allí donde sus cableados no lleguen o no sean técnicamente aptos.
En materia de movilidad, el reclamo de los operadores medianos y pequeños fue escuchado. El nuevo proyecto establece la asignación de espectro para servicios móviles para operaciones locales o regionales. Se trata de un mínimo del 30% del espectro que fuera otorgado en 2014 a Arlink para más tarde ser cancelado y devuelto al Estado por falta de pago. Las bandas correspondientes son las de 1900, para 2 y 3G, y las de 700 y AWS para 4G. Esto abre la puerta para que operadores tales como Telecentro, Iplan, Supercanal (en proceso de venta, lo que aumentaría su atractivo) y varios otros ingresen al servicio móvil no ya como OMV sino como OMR. En el caso de ARSAT, se le podrá asignar espectro en forma directa, sin referencia o limitación a banda alguna. De este modo, podría ser tanto para servicios móviles o como fijos (lo que podría ser útil para el despliegue de última milla inalámbrica, con infraestructura propia o ajena).
Por otra parte, hubo novedades con relación a la compartición de infraestructura. El nuevo proyecto no sólo contempla que la reglamentación de ésta la establezca el ENACOM (y no el Ministerio de Modernización). También establece que como primera instancia haya un acuerdo libre entre las partes. No obstante, de no alcanzarse un acuerdo y que no hubiera precios de mercado como referencia, se tomará como tal a un promedio de los precios regionales en América Latina para facilidades similares. Una forma de establecer un parámetro concreto. Pero habrá que ver cómo se resuelven los detalles. Allí está el diablo.
En definitiva, la nueva versión de la ley corta estira la vigencia de la protección al negocio de la TV paga actual, tal como era previsible que sucediera. Si bien habilita a un 40% del mercado, faltarían 18 meses para que ello ocurra, en momentos en que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando. Además sería en zonas donde es más probable la existencia de alternativas cableadas que suelen proponer una oferta de banda ancha más interesante, incluyendo servicios móviles. La reserva de espectro para operadores locales o regionales es un paso interesante en términos de competencia, aunque será clave su implementación. La identificación de parámetros definidos para los costos de compartición es una respuesta provisoria a las críticas del proyecto inicial, pero incompleta. Así, esta nueva versión de la ley tiene restricciones que no favorecen al consumidor, pero hace algunos aportes que ratificarán su relevancia a la hora de los detalles.
