A casi 3 años de la actual gestión, los resultados que puede exhibir en materia de telecomunicaciones no están a la altura de lo que se esperaba inicialmente. Hubo sí un emprolijamiento y ordenamiento de muchos aspectos que hacen al sector TIC, pero la convergencia anunciada con el primer DNU todavía no está, la prometida ley de Telecomunicaciones es una abstracción y el sector fue perdiendo peso dentro de la estructura gubernamental, naciendo como Ministerio, luego Secretaría de otro Ministerio para pasar a depender ahora del vicejefe de Gabinete. Todo un símbolo de degradación en la prioridad asignada originalmente.
Ahora, a un año de las elecciones presidenciales, y en un contexto recesivo y post devaluación, el gobierno nacional relanzó su Plan de Conectividad. Se trata de una serie de medidas que apuntan a revitalizar al sector y a su gestión. El plan se puede resumir en cuatro puntos: La disponibilidad de $ 2.300 millones en subsidios a la infraestructura, llegar a fin del año próximo con un 90% de la población con cobertura 4G, alcanzar un promedio de ancho de banda para el acceso a Internet fijo de 20 Mbps y sumar 2 millones de nuevos hogares a la banda ancha fija.
Empezando de atrás para adelante, los dos últimos puntos ya se mencionaron en el contexto de los deberes que Argentina debe realizar para ingresar a la OCDE. Alcanzar los 20 Mbps promedio no será fácil. Hoy apenas algunos ISP con tecnología de cablemódem lo logran, así como los que cuentan con fibra óptica. En la actualidad, según datos del Enacom, los accesos de cablemódem y de fibra representan aproximadamente el 53% del total (y con algunos de éstos por debajo de esa capacidad), lo que da la pauta de la mejora sustancial que deberán alcanzar para lograr el objetivo propuesto en prácticamente un año.
Por otra parte, con 8 millones de accesos de banda ancha, de los cuales unos 7 millones están en hogares, crecer en 2 millones no es un objetivo menor. Implicaría hacerlo en un 29% en un año. Meta ambiciosa si la hay.
Uno de los mecanismos para lograr estos objetivos es el lanzamiento de líneas de financiación por $ 2.400 millones. Habrá distintos tipos de fondos. Por un lado, el Enacom pondrá a disposición $ 900 millones provenientes del Fondo del Servicio Universal bajo la modalidad no reembolsable. El resto vendrá a través de líneas de crédito de parte del Banco Nación, otros bancos públicos y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y serán ofrecidos a tasas subsidiadas (diferentes según el banco). Los créditos serán de hasta $ 20 millones por proyecto. El objetivo es fomentar el desarrollo de redes en sitios no conectados y localidades del interior del país. Al mismo tiempo, se anunció la reducción del mega mayorista de la red de fibra óptica de Arsat, la cual pasó de US$ 14 a US$ 10, lo que equivale a un 28% menos en dólares.
En el caso del despliegue de 4G, hubo un acuerdo con los operadores para llegar a 2.800 localidades y cubrir cerca de 10.000 kilómetros de rutas para 2019. Si bien esto no adelanta demasiado los plazos originales, sí hace que la demora en la entrega de los 700 MHz no sea un argumento para estirar estos plazos. A cambio, se puede compartir infraestructura, a diferencia del pliego original que exigía que cada operador desplegase infraestructura propia. Adicionalmente, el compromiso especifica que sea al menos un operador quien llegue a cada una de estas localidades aún no conectadas y que las restantes lo hagan a través de acuerdos de roaming. De esta forma, se deja atrás la ridícula exigencia del pliego que requería que cada operador llegara con red propia, aún en las localidades de 500 habitantes, un despropósito desde el punto de vista económico.
En definitiva, el gobierno relanzó su Plan de Conectividad con dinero sobre la mesa y un acuerdo negociado con los tres operadores móviles. Necesitado de producir anuncios de alto impacto, el escenario no es el más sencillo, con recesión y devaluación (costos en dólares e ingresos en pesos). Habrá que ver si llega con resultados perceptibles a las elecciones del 2019.
