Esta semana se esperaba que hubiera dictamen en Diputados para el posterior tratamiento en el recinto de la llamada “Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs”, más conocida como ley corta. Pero nada de eso sucedió. Según lo publicado por LPO, fueron algunos gobernadores quienes frenaron el proyecto de ley que presentara el Poder Ejecutivo en abril de este año.
El proyecto de ley tiene tres grandes ejes: la compartición de infraestructura, la habilitación de la TV satelital o DTH como servicio TIC y la puesta en juego del espectro asignado oportunamente a Arsat, hoy en desuso.
El proyecto de ley ya había sufrido modificaciones en su paso por el Senado. Una fue la postergación por un año y medio, hasta el 01/07/2020, del inicio de la oferta de DTH en los tres principales centros urbanos (AMBA, Córdoba y Rosario). Las localidades más pequeñas (y por las que mayores reclamos hubo por parte de los pequeños operadores) fueron llevadas hasta 100 mil habitantes y no 80 mil como fuera establecido originalmente. En estas localidades se pospuso el inicio de competencia para el 01/01/2022, agregando tres años a la fecha original. Más allá de este corrimiento de fechas, sin ley no habrá oferta de DTH por parte de los operadores TIC por tiempo indefinido. Los cableros y DirecTV respiran aliviados.
Por otra parte, el proyecto original proponía permitir al Estado disponer de las frecuencias actualmente en manos de Arsat. Se trata de 90 MHz repartidos entre las bandas de 1900 MHz (para 2 y 3G) y las de 700 y AWS para 4G. Como las mismas actualmente no cuentan con infraestructura física, están sin uso, verificándose el caso del perro del hortelano, que no come ni deja comer. El Senado estableció que un mínimo del 30% de este espectro fuera otorgado a operadores locales o regionales. Según lo informado por LPO, algunos legisladores exigieron ceder las frecuencias de Arsat a las provincias para armar sus propias redes de seguridad pública y defensa civil.
A pesar de esto último, los antecedentes indican que el verdadero punto álgido de la ley es la DTH, donde los proveedores de TV paga, que se verían afectados por una mayor competencia, tienen vinculaciones (con distintos grados de estrechez) con el poder político. Y en la medida en que pasa el tiempo, menor será el interés de los operadores TIC en subirse a una tecnología que no será capaz de satisfacer todas las demandas de los clientes en materia audiovisual. Un problema que el actual gobierno apuntaló a través de la prohibición que ratificó en el decreto 267/2015 (art. 7) y que ahora trata, evidentemente sin éxito, de remediar.
Así, el statu quo proporcionado por la falta de una nueva ley favorece a los proveedores de TV paga, posterga los planes de operadores TIC para dar servicios móviles con infraestructura propia y perjudica a la población que ve alejarse la posibilidad de una mayor competencia en estos servicios. Pero acá la discusión es a qué sector de la oferta se beneficia o perjudica. Los usuarios/clientes/audiencia no forman parte del debate.
