A dos semanas de la publicación del DNU 690/20 que declara servicio público a los servicios TIC, lo que habilita la regulación de sus precios, y establece el congelamiento de éstos hasta el 31/12, hay más dudas que certezas respecto a los detalles que se resolverán con la reglamentación que será responsabilidad del Enacom. Sin embargo, luego de la sorpresa inicial quedan elementos para analizar, así como nuevas movidas que pueden marcar un norte.
Hubo muchas críticas hacia el instrumento, el DNU, algo que también se dio durante la gestión anterior que utilizó esta herramienta para modificar el marco regulatorio que rige al sector. Aunque en cada caso, las críticas vinieron de distintos sectores. Se trata en definitiva de una herramienta prevista por la Constitución Nacional, por lo que es técnicamente válida, más allá de estar o no de acuerdo con el contenido. La diferencia de este DNU frente al que utilizó la gestión anterior, el 267/15, es que el de 2015 se dictó en momentos en que el Congreso estaba en receso, mientras que el actual vio la luz cuando el legislativo está en período de sesiones ordinarias. Una cuestión de forma quizás, pero que sirve a los abogados a la hora de debatir.
El único efecto práctico que el DNU tiene hasta el momento es el congelamiento de precios. Todo lo relativo a la regulación como servicio público, incluyendo los criterios que se utilizarán para regular los precios, dependerá de la reglamentación que será responsabilidad del Enacom. Para esto, el regulador comenzó una ronda de reuniones con los afectados, representados por distintas cámaras del sector, así como asociaciones de consumidores. Y se estima que la misma estará lista en un par de meses. O sea que la urgencia deberá esperar.
En líneas generales, hubo un rechazo unánime por parte de los grandes operadores, así como de todas las cámaras que agrupan a los pequeños y medianos prestadores respecto del tema precios regulados. Pero, quizás inesperadamente, varios ven ahora la oportunidad de obtener mejores condiciones. Es por eso por lo que se empezó a oír hablar con insistencia de “regulación asimétrica”.
Uno de quienes planteó claramente el tema fue Gustavo López, vicepresidente del Enacom. En una entrevista realizada por Zoom (algo ya cotidiano en estos tiempos), el funcionario afirma que la regulación será asimétrica. Si bien no aclara puntualmente de que se tratará, ya puso el tema sobre la mesa. De igual forma, las distintas cámaras y asociaciones que se reunieron con las autoridades del regulador también plantearon este escenario.
Más allá de cómo se resuelva esta asimetría, que es de esperar que no se traduzca en un tratamiento diferencial para los usuarios/ciudadanos en función de qué operadores tienen, queda en claro que, en aspectos de regulación, es poco lo que aporta el DNU. La industria de servicios TIC ya se encuentra regulada. Principalmente por parte del Enacom, el regulador del sector, pero también por otros organismos estatales, como son Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esto lleva a pensar que si las distintas regulaciones (las específicas del sector, las que defienden al consumidor y las que defienden la competencia) han tenido dificultades para hacerse cumplir, no queda muy en claro qué hará posible que ahora sí puedan hacerlo. En definitiva, estamos en medio de la polvareda que generó un DNU que dibuja trazos muy gruesos (demasiado quizás) y que deja en manos de Enacom la reglamentación específica. Habrá que esperar a que ésta baje para ver los reales efectos del decreto. Se viene la madre de todas las batallas para los prestadores de servicios TIC. Falta mucho para Reyes, pero ya empezamos con la rosca.