Pasaron 8 meses de la entrada en vigor del DNU 690, que declaró servicio público a los servicios TIC. Este cambio de status permitió al gobierno fijar su precio no directamente sino a través de las actualizaciones recurrentes que demanda una economía inflacionaria como la Argentina, con tasas que se acercan peligrosamente al 5% mensual. La medida tuvo el extraño privilegio de unificar cuestionamientos de parte de todo el arco de prestadores (grandes, medianos y chicos, nacionales y multinacionales, empresas y cooperativas). Era natural considerar entonces que lo que se venía no era un camino de rosas.
Los operadores, ante una política de actualizaciones de precios por debajo de los índices de inflación, reaccionaron de distintas formas. Varios fueron a la justicia y algunos consiguieron medidas cautelares contra el DNU mismo y siguen fijando sus precios libremente. Es el caso iniciado por TV Cable Color SRL, al que luego se sumó ATVC y con esta, cientos de operadores de TV paga, la mayoría de los cuales también dan servicios de Internet. Otros, generalmente más chicos, también siguen determinando sus precios sabiendo que no están en el foco de la atención y respaldándose en la medida cautelar extendida. Al ser tantos los operadores alcanzados por ésta, quienes no son miembros de ATVC se sienten cubiertos por el principio de la igualdad ante la ley. Por supuesto, también están quienes mayormente guardaron silencio público y se sentaron a dialogar y negociar, ciñéndose a los valores autorizados.
Como ya ocurriera en otra ocasión, esta semana el Enacom emitió un comunicado aclarando que no autorizó los últimos aumentos anunciados por algunos operadores (sin indicar cuáles). La propia aclaración y el hecho de no ser la primera vez que ocurre sin dudas no le hace un favor al regulador que más que una rebeldía enfrenta una realidad con un costado irónico: a través del Fondo del Servicio Universal el regulador recauda también sobre esos aumentos no autorizados.
Por su parte, las PBU (Prestación Básica Universal), tampoco tuvieron el efecto esperado. Según el Presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la PBU de Internet fue solicitada en una proporción menor al uno por mil. Sobre unos 9,3 M de accesos (dato de Enacom), esto equivaldría a menos de 93 mil solicitudes. Un número que indica que el subsidio a la demanda podría haberse implementado de una forma distinta a la actual, que obliga al operador a afrontar enteramente el costo del subsidio. Algunos dirán que faltó promoción. Otros que no son productos atractivos más allá de su precio. Probablemente haya algo de las dos razones. Pero además, el representante de Cabase se refirió también a las inversiones, las cuales se vieron disminuidas, especialmente en lo que hace a ampliaciones.
En definitiva, el sector TIC se encuentra en el peor de los escenarios: los precios tienden a ajustarse de facto (vía acciones legales o simples adhesiones) mientras que se ponen en pausa inversiones ante un escenario que es incierto. Todo lo opuesto a lo buscado.
Es por esto quizás que el gobierno dice estar trabajando en un mecanismo de actualización de precios que dé la previsibilidad necesaria a un industria que invierte a mediano y largo plazo. Así, además, el regulador podría salir de la paritaria permanente con las empresas prestadoras en la que entró desde la publicación del DNU 690 y enfocarse en otros temas no menos importantes, como todo lo referido al despliegue de infraestructuras, espectro y la aparición de 5G en el horizonte (aparición fomentada por el propio Enacom, a pesar de todo lo que aún falta hacer previamente). Claro que tampoco será tan fácil hablar de espectro en la medida en que esto implique inversiones (en éste y en la infraestructura necesaria para utilizarlo) y el asunto de los ingresos no esté resuelto.
Estamos ante un escenario empantanado, que sugiere la necesidad de pivotear en materia de políticas sectoriales sin por ello renunciar a los objetivos de reducir la brecha geográfica y socioeconómica que es hoy, en tiempos en que recrudecen los aislamientos, más evidente que nunca. Como siempre, un camino pavimentado de acuerdos e incentivos se transitará más fluidamente que aquél de exigencias no sustentables.