Cuando se habla de la necesidad de una buena regulación en materia de telecomunicaciones, se suele mirar exclusivamente hacia el Enacom. Sin embargo, los gobiernos provinciales y municipales también pueden hacer un aporte importante para mejorar la oferta de productos de conectividad en sus distritos. Tal es el caso de la provincia de Mendoza, donde esta semana se anunció que se llegó a un acuerdo marco que será clave para reducir los niveles de inversión necesarios para extender el alcance y mejorar las prestaciones de los productos de conectividad.
Tres actores se sentaron a la mesa: el propio gobierno provincial, los ISP locales y las empresas de distribución eléctrica. Luego de un trabajo de varios meses, entre todos acordaron que las empresas eléctricas compartirán sus postes en condiciones igualitarias para todos los ISP a un precio definido. Esto que suena muy simple implicó destrabar algunos puntos conflictivos. Tal el caso de los acuerdos preexistentes de las eléctricas con algunos ISP en condiciones de exclusividad. También fue necesario consensuar normas técnicas específicas para que el tendido de fibra óptica por los postes no interfiera con el normal suministro de energía así como evitar cualquier tipo de evento que pudiera implicar responsabilidades en una infraestructura de uso compartido.
En este marco, el gobierno provincial también hará su aporte. Por un lado, anunció la disponibilidad de una línea de crédito para el despliegue de fibra óptica en zonas productivas por US$ 2,5 M. A esto se sumará una inversión de US$ 3 M que hará directamente la provincia en la instalación de postes en las zonas donde las eléctricas no dispongan de éstos con la proximidad necesaria (la fibra necesita distancias más cortas entre postes en el caso de los troncales) o no cuenten con capacidad en los mismos para soportar tendidos adicionales.
El acuerdo fue muy bien recibido por los ISP que operan en aquella provincia, quienes no sólo se encuentran entonces ante un camino despejado para realizar nuevos despliegues. También muchos ven la posibilidad de desarrollar un negocio de compartición de la fibra, lo que ayudaría aún más a bajar las inversiones necesarias para mejorar y extender la conectividad.
El caso mendocino demuestra que los Estados provinciales o municipales no deben desentenderse del tema telecomunicaciones sino que es necesario que se involucren para mejorar la conectividad. Estarán entre los primeros en beneficiarse.