Es indudable que en las últimas semanas, diversos movimientos en el organigrama gubernamental dan cuenta de un nuevo alineamiento político dentro de las vertientes que conforman en el oficialismo. La ex Secretaría de Innovación Pública, pasa a ser Secretaría de Innovación del Sector Público y ahora tanto la ex SubseTIC (ahora Subsecretaría De Telecomunicaciones y Conectividad), como el Enacom y Arsat están bajo la órbita de la jefatura de Gabinete. Una movida que le dio más protagonismo al vicejefe de Gabinete, Jorge Neme.
Fue justamente Neme quien empezó a tallar en el sector cuando, durante el lanzamiento de Imowi, llamó a una “desjudicialización” del sector de las telecomunicaciones. Ahora volvió a la carga con reuniones con las empresas del sector donde la esencia del mensaje es que el objetivo del gobierno es conectar a los no conectados. Un objetivo claro pero de concreción compleja. Lo curioso del caso es que desde el gobierno siguen afirmando que el DNU 690 no se toca, pidiendo a las empresas que hagan sus propuestas para alcanzar dicho objetivo.
Cuesta pensar que en el contexto del DNU 690 se pueda avanzar sin tocarlo. Se trata de la norma que cosechó críticas y cuestionamientos de parte de todo tipo de empresa de telecomunicaciones: grandes, medianas y chicas; multinacionales y nacionales; privadas y cooperativas; de pequeñas localidades del interior y de grandes centros urbanos. No por nada el sector se encuentra judicializado. Una situación que no conviene a nadie y perjudica a todos. Mientras exista el control de precios (vía autorización de actualizaciones en un contexto inflacionario) difícilmente se pueda avanzar significativamente. Volver a la definición de la ley Argentina Digital del 2014 (promulgada por el actual oficialismo) ayudaría a destrabar el asunto. Adicionalmente, sería una oportunidad para definir al “servicio público en competencia” bajo un modelo que promueva, incentive y optimice el despliegue de redes de todo tipo.
Lógicamente, esto no eliminaría el resto de los obstáculos que tiene la actividad para desarrollarse. Las telecomunicaciones en Argentina tienen un enorme desafío: ampliar la conectividad en un extenso territorio con poca población, en una economía con una inflación superior al 50% anual, una moneda devaluada, ingresos en dólares bajos (mientras que la tecnología tiene costos internacionales), sin crédito. Un partido de por sí difícil como para sumarle adversidades voluntariamente. Ojalá que esta voluntad de diálogo sea conducente.