En los últimos 2 años, luego de la puesta en vigencia del DNU 690 que, entre otras cosas, estableció un control de precios sobre los servicios TIC (acceso a Internet, TV paga, telefonía fija y móvil), el gobierno entró en un conflicto abierto con unos 1.700 operadores TIC de todo el país. Así, mientras algunos recurrieron directa o indirectamente a la Justicia obteniendo medidas cautelares que suspendían la aplicación del DNU, otros que optaron por no cuestionar la medida del Poder Ejecutivo vieron cómo sus ingresos iban perdiendo terreno en el marco de una inflación galopante. Pero más allá de los planteos judiciales, el DNU 690 tuvo un efecto colateral que no por inesperado no es bienvenido: la unión de los operadores. Un logro no menor.
Conviene destacar que el sector de empresas de servicios TIC es muy heterogéneo en función de diversas variables. Hay empresas muy grandes, PyME y MiPyME. Las hay de capitales nacionales (la inmensa mayoría) y extranjeros. Algunas ofrecen sólo servicios de acceso a Internet, otras sólo TV paga, unas pocas dan servicios móviles y varias ven como la telefonía fija pierde terreno consistentemente. Pero mayormente ofrecen más de un servicio. Algunas operan en gran parte del país, otras apenas en grandes centros urbanos y muchas lo hacen en pequeñas localidades del interior del Interior. La gran mayoría son empresas privadas, pero también hay muchas cooperativas (amén de otras con participación estatal). En definitiva, aunque todas ofrecen servicios TIC, se trata de un sector muy dispar, y por lo tanto, aunque hay aspectos comunes a todas, también hay problemáticas muy distintas.
Con este escenario, resulta entonces inédito que gran parte de ellas se hayan puesto de acuerdo para elaborar un “Manifiesto Industria TIC” que incluye una serie de propuestas para el desarrollo de la conectividad en la Argentina. Entre los firmantes de éste se encuentran empresas (DirecTV, Movistar y Telecom), asociaciones (CABASE y CACPY) y cooperativas (Fecosur). Como se puede apreciar, hay diversidad. Y la intención es que otros operadores se vayan sumando con el correr del tiempo.
Las propuestas son varias y mayormente esperables:
- Derogar el DNU 690
- Terminar con la discrecionalidad en el reparto de los recursos del Fondo del Servicio Universal
- Incrementar el Fondo del Servicio Universal con la incorporación de los aportes de las empresas extranjeras de servicio exclusivo de streaming, hoy excluidas
- Que las empresas estatales (Arsat y SAPEM) no ofrezcan conectividad directamente a consumidores (compitiendo con el sector privado a través de fondos que surgen de los impuestos que éste paga)
- Evitar la superposición de inversiones en infraestructura entre empresas de gestión pública y empresas privadas
- Implementar un plan de espectro de mediano y largo plazo que brinde previsibilidad, orden y prioridades, evitando licitar bandas sucias que se asignan y luego no pueden utilizarse inmediatamente
- Impulsar una simplificación y homogeneización normativa para facilitar permisos de despliegue en localidades (reglas, permisos, tasas y contribuciones)
- Equilibrar el marco normativo (AKA la cancha) para nivelar las condiciones de juego entre las plataformas de streaming extranjeras y los operadores locales regulados
- Eliminar cargas de canales obligatorios a transmitir por los operadores (must carry) permitiéndoles el control de su grilla
- Exención de impuestos para generar un esquema de incentivos para despliegues de infraestructura nueva y zonas vulnerables o alejadas sin conectividad
- Generar una política de acceso a créditos especiales para el sector
En el fondo, las propuestas no son llamativas para quienes vienen siguiendo el sector y sus quejas, aunque sí es importante que haya un consenso al respecto, por más que no siempre estas situaciones que se quiere corregir impacten a todos por igual (por ej., el caso de las SAPEM impacta sobre todo en PyME y cooperativas).
El grupo firmante inicial viene trabajando sobre esto casi desde la promulgación del DNU 690, con reuniones semanales, primero vía Zoom (en plena pandemia) y más tarde presenciales, donde había que conciliar perspectivas y antecedentes muy distintos. Un claro indicador de que el DNU fue el factor aglutinante para una industria que tiene mucho peso por sí sola, así como plataforma de otras actividades tanto económicas como sociales, pero que hasta ese momento estaba dispersa en sus esfuerzos.
El timing no es caprichoso. A un año de las próximas elecciones presidenciales sus firmantes afirman que el mismo será presentado a los distintos precandidatos en los próximos meses. Así, se intentará instalar la problemática del sector, hasta ahora fuera de la agenda política.
Se puede decir entonces que el DNU 690 tuvo la virtud de propiciar la unión de los argentinos. Aunque los una más el espanto que el amor.