Hace un mes se anunció que la licitación de espectro para 5G tendría lugar en el mes de febrero próximo. Sin embargo, y a pesar de lo cercano de la fecha, todavía no hubo grandes avances en el tema. No sólo no está redactado el pliego de licitación, sino que también faltan definiciones fundamentales para una correcta evaluación y consecuente propuesta. Si además se le suma el complejo contexto actual, la situación hace peligrar el evento en la fecha prevista.
Se sabe que la banda a licitar es la de 3,5 GHz, que es la más adoptada globalmente hasta el momento y que tiene varias ventajas: es la sucesora natural para los servicios de banda ancha móvil desde el celular, apta para entornos urbanos y también para servicios fijos inalámbricos (FWA). Por ser la más adoptada, es la que cuenta con más equipamiento disponible y, por lo tanto, con mejores economías de escala. Sin embargo, todavía hay incertidumbre sobre su disponibilidad. Esto se debe a que no sólo hay empresas que son titulares de una porción de esta banda, lo que incluye a los actuales operadores y otros que no lo son, pero que la usan para conectividad fija. También hay empresas PyME operando sin licencia en esta banda. Para los primeros, es necesaria la asignación de espectro alternativo para que puedan mudar sus servicios y definir el mecanismo para financiar la migración de banda. En el caso de los segundos, es una situación en la que debe intervenir el Enacom ya que se trata de una operación ilegal. El tema de las bandas asignadas sin estar libres no es menor. Ya pasó en la licitación de la banda de 700 MHz para 4G, asignada en la licitación de 2014 pero que en algunas zonas todavía están judicializadas, 8 años después de aquel momento. Nadie quiere pagar por un espectro que luego no podrá utilizar.
En principio, y de acuerdo con declaraciones de funcionarios a los medios, se pondrá a disposición 300 MHz en la banda de 3,5 GHz. Sin embargo, no está confirmado que sean lotes de 100 MHz cada uno, como trascendió. Si fueran más chicos estaríamos ante la posibilidad del ingreso de un 4º operador móvil de red.
Las otras definiciones que faltan van de la mano: precio del espectro y obligaciones de despliegue. Las mismas no pueden considerarse por separado ya que entre ambas fijan el monto mínimo de la inversión a realizar por los operadores. Si el precio del espectro es alto, estará restando recursos al despliegue. Entonces, la determinación del precio definirá el espíritu de la licitación. Si el precio del espectro es alto, habrá menos recursos para desplegar, con lo cual el objetivo será claramente recaudatorio. Si fuera al revés, se estaría privilegiando la disponibilidad de infraestructura para mejorar la conectividad, tal como sucedió en la exitosa licitación de espectro para 5G que se realizó en Brasil (y que, dicho sea de paso, llevó 2 años de preparación).
En el caso argentino, si bien no hubo un anuncio oficial de cuánto se espera recaudar por esta licitación (sólo hubo trascendidos y declaraciones en off the record donde el número estaría alrededor de los US$ 1.400 M), sí puede hacerse un juego de comparaciones con la licitación de espectro para 4G que tuvo lugar a finales del 2014. En su momento se dijo que fueron US$ 2.000 M, aunque hubo unos US$ 400 M que nunca se cobraron. Son aquellos que tendría que haber pagado el ganador del espectro para 4º operador, pero cuyo pago nunca se efectivizó, resultando en que todavía ese espectro está sin uso.
Partiendo entonces de la base de los US$ 1.600 M de 2014, resulta difícil pensar que ese número pueda repetirse en el 2022, donde el escenario de la industria (y del país) es claramente otro. Tomando las cifras de facturación del sector publicadas por el Enacom y aplicándole el impacto inflacionario para llevarla a valores de diciembre del 2021, la facturación de aquél entonces resultó ser un 52% mayor. Visto en sentido inverso, el monto facturado en 2021 fue un 34% más bajo. Si se aplicara este valor al monto recaudado en 2014, estaríamos hablando de unos US$ 1.000 M.
Por otra parte, es dable suponer un objetivo recaudatorio para la licitación de espectro para 5G. Esto se basa en dos indicios: el anuncio de la licitación para (originalmente) febrero 2023 fue hecho por el ministro de Economía (al igual que en el 2014) como parte de los recursos con los que contará el presupuesto nacional. O sea, serán fondos que irán al Tesoro Nacional y no al sector. Por otra parte, y luego de 3 años de gobierno, al momento del anuncio (y todavía hoy) el gobierno no contaba con un pliego licitatorio, el cual se está escribiendo en estos momentos. O sea, se empezó por definir el monto de dinero a recaudar y no por determinar cuál sería el mejor camino para desarrollar la infraestructura de comunicaciones fundamental para el presente y futuro del país.
Siempre hablando de dinero, en el contexto argentino hay precisiones que faltan que pueden hacer una enorme diferencia. ¿Las empresas podrán pagar en pesos esos montos determinados en dólares? Si es así, ¿a qué cotización? ¿Oficial o MEP? En momentos en que la cotización del dólar MEP equivale a un 83% más que la del dólar oficial, no es un dato menor. ¿O podrá pagarse con títulos de deuda? Todo esto sin dejar de destacar que las empresas facturan en pesos.
Como si todas estas incertidumbres fueran pocas, el contexto macroeconómico se muestra muy adverso. Más allá de las variables generales como inflación, actividad económica y otras, la falta de divisas para pagos al exterior es una luz amarilla tendiendo a rojo en el tablero. Esto impacta no sólo en las importaciones, que están paralizadas de hecho desde mediados de noviembre. También la falta de divisas hace que no se pueda pagar por servicios (nubes, conexiones satelitales, etc.), licencias, señales, roaming.
Pensando en el año próximo, cuando en teoría hacia el segundo trimestre deberían comenzar los despliegues, se puede asumir que la falta de divisas podrá acentuarse considerando que es la época en la cual tradicionalmente se liquida la cosecha (principal fuente de dólares) y que esta se verá sin dudas impactada negativamente por la gran sequía que atraviesa el país. En este escenario, asumiendo que la licitación pudiera llevarse a buen puerto, la falta de divisas se presenta como un gran escollo. Nadie quiere pagar por espectro si después no podrá utilizarlo por falta de dólares para comprar equipamiento u otros gastos en divisas asociados al despliegue de redes.
Como puede apreciarse, el camino hacia 5G se presenta en el corto plazo como un campo minado. Lo razonable sería desensillar y planear de la mejor manera posible la forma en que Argentina se subirá al tren del 5G. Intentar acelerar las cosas en este contexto tiene altas probabilidades de resultar contraproducente.