Esta semana arrancó con la confirmación de una noticia que se esperaba desde la semana pasada: el Enacom aprobó (a pesar del voto en contra de los representantes de la oposición en el Directorio) el llamado a subasta del espectro para 5G. Un proceso a las apuradas (cuya intención es que esté concluido antes del fin de la actual gestión de gobierno) que introdujo medidas que se sabía serían muy controversiales. A punto tal que, en un comunicado en conjunto, Claro, Movistar y Personal no sólo expresaron su rechazo, sino que dejan entrever la posibilidad de no presentarse a ofertar.
Básicamente, los puntos cuestionados por los operadores son tres: precio base de la subasta, la imposición de planes y precios para sectores de bajos ingresos y la asignación (a título gratuito) de un lote de espectro para Arsat.
El pliego establece que el precio base de cada lote será de US$ 350 millones. Con lo cual el piso a recaudar es de US$ 1.050 millones. Una cifra que en la comparación regional entra en la categoría de “salada”. Algunos piensan que no lo es tanto, especialmente porque son pagaderos en pesos al valor oficial. Acá hay que tener en cuenta que, para las empresas, todas las operaciones en dólares son al valor oficial, se trate de la adquisición de equipamiento o el cobro de contratos fijados en esa moneda. Adicionalmente, tampoco es comparable el contexto macroeconómico de Argentina con el de los demás países de la región. Huelga aquí entrar en más detalles.
Más allá de los montos, se abre una discusión más profunda sobre cuál es el espíritu detrás de este modelo. Porque mientras el gobierno recurrentemente menciona su objetivo de desarrollar la infraestructura para mejorar la conectividad y cerrar la brecha digital, en vez de reinyectar esos fondos para tal fin, que, por ejemplo, podría ser a través de su depósito en el Fondo del Servicio Universal y así reutilizarlos para lograr los mencionados objetivos, los destinará al Tesoro Nacional, con lo que se desvanecerán rápidamente. De hecho, el mismo Ambrosini, presidente del Enacom, afirmó que “sería un ingreso genuino en una situación compleja como la que tenemos y se usará para lo que el Estado necesite”. O sea que hay una avidez recaudatoria manifiesta. Algo que se ve reforzado en que las obligaciones de despliegue incluidas en el pliego son, al menos en las primeras etapas, modestas. Al país le convendría más un pliego que exija menos “cash” y más obligaciones.
Por otra parte, y en línea con el espíritu del DNU 690, el pliego establece que las compañías adjudicatarias deberán ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos. O, dicho de otra forma, una tarifa social. Esta entraría en vigencia una vez que el 5G fuera adoptado por más del 50% de los usuarios finales. El pliego identifica quienes serían los destinatarios, pero no especifica cuáles serían las características del plan asociado, ni su precio (en relación a un plan convencional), ni mucho menos quién se hará cargo del subsidio que implicaría. Y como broche delirante, establece que “los beneficiarios de dicho plan podrán ser hasta un tercio del total de los usuarios”. Sí, un tercio.
En paralelo al pliego, el Enacom publicó también la resolución 1289/2023 que asigna a Arsat, en forma gratuita, un bloque de espectro para 5G. El mismo se utilizará para “la implementación de un plan estratégico de conectividad federal del Estado Nacional, conforme las instrucciones que oportunamente reciba de su accionista”. De esta forma, por un lado, el Enacom asigna gratis (y sin obligaciones) espectro por el cual pretende US$ 350 M de parte de operadores privados y que servirá para competir con ellos. Por el otro, menciona un plan estratégico que hoy no existe, con lo cual no se entiende cómo será que necesitará de espectro. Mucho menos se entiende, particularmente en el actual contexto, de dónde saldrán los fondos para el despliegue de infraestructura y antenas, que es, por lejos, el mayor costo de una red móvil, muy superior al del espectro. Para agravar las cosas, el pliego de la subasta establece que, si algún lote quedara vacante, éste podría asignarse a Arsat. De esta forma, el operador estatal no sólo tendría el doble de espectro que cualquier operador privado, sino que lo tendría gratuitamente.
Adicionalmente, esta asignación (que ya está vigente) reflota el viejo y fracasado intento de crear un operador móvil estatal, como fue el caso de Libre.ar en el 2014. No sólo no se concretó, sino que fue la causa por la cual todavía hoy, 10 años después, el espectro para 4G que se le reservara en aquella ocasión esté sin uso. Un recurso estratégico durmiendo el sueño de los justos. Como si esto fuera poco, hay que tener en cuenta que el actual es un escenario muy distinto al de 10 años atrás. Hoy tenemos un mercado maduro, de altísima penetración, donde no hay espacio para el desarrollo de un nuevo operador cuya única posibilidad de crecimiento sea robándole clientes a los existentes. La sola idea es tan absurda que ya dio lugar a especulaciones respecto de intereses ocultos que no serían descabellados. Como reza el dicho, “se non è vero, è ben trovato”.
Ante este escenario, la gran pregunta es cómo sigue este asunto. Sobre todo, teniendo en cuenta que, según el pliego, el plazo para presentar ofertas vence el 29 de septiembre. Apenas dentro de un mes. Por lo cual, y considerando el contenido del comunicado conjunto de los tres operadores móviles, es previsible que interpongan recursos administrativos, cuando no judiciales, que podrían posponer el proceso. Como dato de color, el polémico pliego se publicó el 29 de agosto, día del abogado…
Si el gobierno, en vez de querer llevar adelante un proceso a las apuradas y sin consenso de los interesados, hiciera las cosas razonablemente bien, se avanzaría sin mayores problemas. Las empresas que operan en Argentina están invirtiendo en 5G en otros países de la región, lo que evidencia que cuando las condiciones son adecuadas, el interés está y la cosa fluye. No es buscando saciar la voracidad fiscal, ni interviniendo en precios y productos, ni apostando por proyectos inviables que se puede llevar adelante el desarrollo de la infraestructura digital en Argentina. Lamentablemente, nos cuesta horrores ser normales.