Esta semana tuvieron lugar las Jornadas 2023 de ATVC que convocaron a los principales actores de la industria, así como de la política. Si bien lo que allí se habló fue ampliamente cubierto, especialmente por medios especializados, de las participaciones surgieron algunos temas a destacar.
Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, despertó mucho interés la participación de referentes de los distintos espacios políticos. Por el lado del oficialismo, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, sacó a relucir el avance (tardío) en la subasta de espectro para 5G. Sorprendió cuando habló de “flexibilizar” el DNU 690 porque, afirmó, se dictó en una situación de emergencia por la pandemia que ya pasó. Se podría agregar que la pandemia pasó hace rato. Tanto tiempo como el que andamos sin barbijo. Pero, en definitiva, fue una admisión de su fracaso como instrumento. En cuanto a las fuerzas de la oposición, tanto por el lado de Juntos por el Cambio (a través de Andrés Ibarra y de Silvana Giudici) como por el de La Libertad Avanza (a través de Rodolfo Bianchi), no se habló de planes concretos, pero sí hubo grandes trazos de visión de políticas para el sector. Ambas fuerzas se mostraron propensas a incentivar inversiones y a la eliminación de regulaciones distorsivas, de la cual el DNU 690 es su máxima expresión (aunque no la única). En el caso del DNU mencionado, ya no se habló de flexibilizar sino de lisa y llanamente derogar. En definitiva, todo hace prever que es poco tiempo el que le queda de vida.
En relación al tema 5G, el CEO de Telecom, Roberto Nobile, destacó que además de inversiones requiere de normas para despliegues de sitios, un viejo reclamo que también fue recurrente por parte de operadores y voceros políticos. La referencia a la planificación de Brasil en materia de 5G, con su foco en la inversión y no en la recaudación, resultó inevitable. Algo que, lamentablemente, contrasta con la situación local, donde desde hace más de 3 años se cuestiona el DNU 690. Dos enfoques de política sectorial ubicados claramente en las antípodas.
También, tanto por parte de la política como de los operadores, se repitieron las críticas a la ejecución del Fondo del Servicio Universal, una herramienta estratégica valiosísima si es aplicada con criterio.
En línea con lo que viene sucediendo globalmente (con más énfasis en las últimas semanas) también estuvo presente el tema del “fair share”. Básicamente, este concepto se refiere a la obligación de que las grandes empresas generadoras de tráfico, como las plataformas de streaming, paguen por el uso de las redes de telecomunicaciones. Según Nobile, el 75% del tráfico móvil corresponde a las principales plataformas. También el tema fue mencionado elípticamente cuando algunos oradores se mostraron a favor de ampliar el universo de aportantes al Servicio Universal. Lo que sucedió en este evento, así como en otros ámbitos internacionales, hacen prever que el tema “fair share” estará cada vez más en la discusión entre operadores, generadores de tráfico y reguladores.
En definitiva, los próximos tiempos se presentan como de cambios profundos en el enfoque de un sector, el de la infraestructura de telecomunicaciones, que lo reclama a gritos.