Con el feriado del próximo viernes 8 de diciembre, la presente es la última edición de Comentarios publicada bajo la presidencia de Alberto Fernández. Es entonces el momento adecuado para hacer un balance a la gestión en materia de TIC de los últimos 4 años.
La gestión que se va quedará, sin dudas, signada por el DNU 690, que declaró a los servicios TIC como servicio público, lo que incluyó el control de los precios a través de la fijación de aumentos, lo cual, en un contexto de alta inflación, equivale a controlarlos (o pretender hacerlo). Lo curioso del DNU 690 es que prácticamente nació huérfano. Nadie se adjudicó públicamente ser el padre de la criatura (aunque sí hubo dedos señalando a unos y otros). De hecho, diversos funcionarios del área no estaban de acuerdo con esta norma y lo expresaban en charlas privadas, pero nunca, lógicamente, en forma pública.
Concebido durante los primeros meses de la pandemia, el DNU 690 fue desde el vamos un sinsentido. Proponía, al menos en lo manifiesto, una respuesta estructural a un problema coyuntural. Un mal arranque. Se trató, además, de una medida innecesaria, porque hasta su promulgación, las principales empresas del sector tenían buen diálogo con el regulador y habían acordado congelamientos temporarios en un contexto inflacionario y donde se había disparado la demanda de conectividad como consecuencia del aislamiento. En un principio, desde el gobierno se sostuvo que la reglamentación del DNU 690 fijaría el esquema de precios en función de los costos y de la proyección de inversión. Algo que, a todas luces, no ocurrió. Todo esto hizo que el DNU quebrara la necesaria confianza entre reguladores y regulados, marcando la tónica de la relación entre éstos durante toda la gestión, más allá de un diálogo que se mantuvo durante todo este tiempo. Algo estaba roto.
Claramente el DNU tuvo un impacto no buscado: lograr amalgamar a toda la industria, compuesta por cientos de ISP PyME operando a lo largo y ancho del país. Una situación inédita. Rápidamente, comenzaron a llegar diversas medidas cautelares que anulaban los efectos del DNU y desde entonces la norma se volvió abstracta. Y a pesar de algunas intenciones, nadie desde el gobierno siquiera amagó no ya a derogarla, pero al menos revisarla. Por el contrario, el Enacom siguió determinando niveles de aumentos (siempre por debajo de la inflación) como si nada pasara. Vivían en su mundo de fantasía. Narnia en su máxima expresión.
Así como la gestión del actual gobierno arrancó (mal) con el DNU, su última gran medida fue la subasta de espectro para 5G. Un proceso que, desde su anuncio, llevó bastante tiempo, pero en el cual las definiciones comenzaron a llegar muy sobre el final y a las apuradas. Lo que parecía ser un proceso estudiado terminó siendo un “dame lo que tengas y acá tenés tu espectro”. Se perdió una gran oportunidad de establecer obligaciones que podrían haber contribuido a mejorar el estado de la conectividad en ámbitos como la educación o la administración pública, a pesar de contar con la experiencia del modelo brasilero.
Entre ambos momentos (DNU y 5G) hubo sí una activa asignación de dinero del Fondo del Servicio Universal (FSU) aunque no exento de críticas, escuchadas en los diversos eventos de la industria provenientes de operadores de todos los tamaños, pero principalmente de PyME del interior del país.
En un contexto macroeconómico claramente adverso, con alta inflación y dificultades de acceso a divisas, y con medidas que lograron complicar más que favorecer el desarrollo del sector, la industria mostró un alto nivel de resiliencia. Los distintos operadores avanzaron con sus despliegues de fibra óptica, aunque no al ritmo deseado y posible resultante de tanto viento de proa.
De este modo, la actual gestión sectorial se despide sin grandes logros. En línea con lo que sucedió a nivel nacional y que llevó a que el gobierno perdiera las elecciones de manera categórica. Se cerró una etapa y comienza otra que, como suele suceder ante cada cambio de signo de gobierno, renueva las esperanzas. Al menos hasta que comienza a desarrollarse la gestión. Como reza el dicho, en la cancha se ven los pingos. Aunque por el momento lo único que hay es una danza de nombres y especulaciones (así como varias operaciones) en relación a las políticas a llevar adelante. Se vienen semanas de definiciones.