En distintos países de la región, los reguladores de las telecomunicaciones han sido avanzados por el poder político con distintas medidas. Disoluciones, intervenciones o recorte de sus funciones estuvieron en el menú de la política. Un escenario que da lugar a especular respecto del futuro de la organización gubernamental de las telecomunicaciones.
En México, el Congreso (primero los diputados y luego los senadores) aprobó la extinción del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) junto a otras seis entidades regulatorias autónomas. Los argumentos del gobierno para impulsar esta medida son: austeridad presupuestaria, centralización de la regulación, ineficiencia para combatir a los monopolios, entre otros. Aunque tampoco hay que descartar el contexto político.
En el caso de Brasil no se llegó tan lejos como buscar la extinción del organismo regulador, pero sí hubo un recorte en sus atribuciones por la vía del decreto. Algo que es visto por algunos como una intervención “blanda” que quita competencias y facultades regulatorias al Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Algunos de los argumentos para llevar adelante esta medida son similares a los de México. Aquí también se habla de eficiencia en la gestión, centralización del poder regulatorio así como una insatisfacción en cuanto a los resultados en términos de competencia y precios accesibles para los usuarios.
En el caso argentino, la intervención del Enacom decretada en enero del 2024, muestra cierta similitud en algunos de los argumentos que la motivaron. No obstante, la medida tuvo menos justificativo ya que el Enacom, por su diseño, no es un organismo independiente del poder político de turno sino todo lo contrario. Sobre un total de siete integrantes del directorio del Enacom, cuatro son designados por el Poder Ejecutivo, por lo que siempre tendrá mayoría y, por lo tanto, el control político. Y a diferencia de lo que sucedía en tiempos de la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) no hay exigencias en términos de calificaciones técnicas o experiencia profesional a la hora de designar a sus directores. Es simplemente un reparto político. Esta concepción del regulador argentino hizo que en la práctica se superpusiera con las autoridades del gobierno (sea ministerio, secretaría o subsecretaría). En los hechos, el Enacom terminó siendo el lugar desde donde se rigen los destinos de las telecomunicaciones, dando lugar a estructuras redundantes que podrían, en teoría, dar lugar al ya instalado “afuera” que hoy es marca distintiva del presidente.
Lo interesante del caso es que la tendencia hacia la dilución de los entes reguladores de las telecomunicaciones en la región es independiente del color político de los gobiernos. Sea que estos tiendan a la izquierda o a la derecha, lo que parece ir camino a ser la norma es que los entes reguladores sean organismos netamente políticos y no tanto técnicos. Si es bueno o es malo es motivo de debate. Pero no deja de ser una realidad que avanza.