La proximidad del fin de año es un momento para mirar atrás y repasar la película, saliendo de la foto actual para observar el proceso que se viene desarrollando. Esta revisión se ve potenciada por coincidir con el primer aniversario de la actual gestión.
La misma arrancó con bríos, con la apertura de los cielos satelitales y con esta, el inicio de operaciones de Starlink en Argentina que revolucionó la conectividad en áreas remotas (y no tanto). Un producto de mejores especificaciones técnicas en cuanto a velocidad y latencia, con precios agresivos y con equipamiento autoinstalable que reduce los tiempos (y costos) de puesta en marcha del servicio. Características que le abrieron las puertas al mercado hogareño (hasta entonces fuera de la conectividad satelital), amén de utilizarse también en el segmento comercial y empresarial. Su llegada introdujo un gran cambio en el panorama de las telecomunicaciones en Argentina: ahora no queda lugar sin cobertura técnicamente a la par de la terrestre a un precio competitivo.
Los tiempos que siguieron a este arranque inesperado estuvieron marcados por la inestabilidad organizacional del gobierno para el sector. Luego de 9 meses en el poder, y tras varios cambios de nombres y movimientos de ravioles en el organigrama, el gobierno nacional encontró los nombres para su estructura vinculada al sector de las telecomunicaciones. Aunque el rumbo hacia la desregulación fue una constante en las palabras y algunas medidas tomadas, los cambios de interlocutores y la falta de avances en temas específicos generaban ansiedad. Tal fue el caso de la derogación del DNU 690, que aunque se hizo esperar, fue visto como la piedra fundacional de una transformación regulatoria. Por ahora hay que esperar.
Antes de la derogación se decretó la intervención del Enacom. En una primera etapa con un triunvirato de directores. La intervención tuvo como objetivo mayormente mirar hacia dentro del organismo y revisar, ordenar y simplificar su funcionamiento. Una tarea más compleja de lo que parece. Al cabo de 180 días la intervención se extendió hasta principios del 2025 aunque quedó a cargo uno sólo de los interventores designados originalmente.
Así, y luego de un año, todavía quedan muchos temas sobre los cuales no hay ningún tipo de definición por parte de las autoridades sectoriales.
Uno es el Fondo del Servicio Universal. Una idea noble y de ejecución pobre. Fuente de sospechas y de conflictos. El gobierno recibió críticas de los operadores, a punto tal que desde algunas asociaciones se propone su supresión lisa y llana. El gobierno sigue estudiando su reformulación. En algún momento se mencionó la intención de convertirlo en una fuente de financiación específica para la industria, generando préstamos para los operadores y evitando las discrecionalidades. Sin aclarar si se financiará con el aporte de todos los fondos disponibles o sólo con una fracción y el resto se utilizará en subsidios directos (a la demanda y/o la oferta). Claro que desde una perspectiva liberal, lo lógico sería que, con una economía estable, se financien en el mercado privado. Pero más allá de cómo se manejarán los fondos, la irrupción de las constelaciones LEO (cuyo oferta tendrá gran crecimiento en los próximos 3 años de la mano de nuevos operadores) obliga a los gobiernos a replantear su políticas de conectividad bajo la tensión del debate entre usar fondos en construir infraestructura o en contratar la existente.
Tampoco hubo grandes novedades en Arsat. Más allá de los temores por su privatización (total o por unidades de negocio), desde afuera sólo se ve que hubo recortes pero no hay indicios de una revisión estratégica. Recientemente se confirmó que el Arsat SG-1 (alias Arsat 3) estará operativo en el 2028. Para ese entonces será uno de los últimos satélites con esa tecnología que se enviarán al espacio. La revolución de las constelaciones LEO obliga a replantear la política de soberanía satelital. Mientras tanto, y ante la imposibilidad de privatizar, evalúan una salida a Bolsa.
Lo que sí parece una certeza es que el espectro para comunicaciones móviles otorgado (5G) o reservado (4G) a Arsat será puesto en juego. ¿Bajo qué mecanismo? ¿Entre quiénes? Un gran misterio por ahora.
El año que termina (y muy probablemente el próximo) aparece como uno en el cual habrá un importante aumento de celulares “no oficiales”. Esto es, ingresados vía contrabando así como importaciones individuales que no quedan registrados en la Aduana. Este año, el ingreso de celulares no registrados pasó del 1% al 20%. La prácticamente desaparición de la brecha cambiaria pone en evidencia el costo argentino y presagia una nueva oleada de presiones sobre el régimen de Tierra del Fuego.
Mientras esto pasaba, y en la medida en que la situación macroeconómica se fue estabilizando, las empresas de telecomunicaciones fueron lentamente recomponiendo ingresos. De a poco, luego de quebrar la tendencia de los primeros meses con más descuentos que bajas. Queda claro que la mejor medida del gobierno para el sector es alcanzar una economía sana y en crecimiento.
Ahora que con el 2024 parece haber pasado lo peor, las esperanzas están puestas en un 2025 que quiebre la tendencia.