Bajo la inocente descripción de “proyecto que modifica la administración de los recursos del ENARD”, distintas Comisiones de la Cámara de Diputados lograron un dictamen favorable para un proyecto de ley que propone un cargo del 1% para los usuarios de servicios TIC, aplicado sobre la facturación neta del IVA, destinado a financiar el deporte de alto rendimiento. Se trata de un intento —por ahora al menos— de hacerse con fondos provenientes de las empresas prestadoras de servicios TIC, con el agravante de que su destino nada tiene que ver con la conectividad.
La iniciativa busca restituir la autarquía financiera del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) con “costo fiscal cero”. Actualmente, los fondos para el ENARD provienen del presupuesto nacional, según el art. 39 de la ley 26.573. La propuesta central del proyecto consiste en la creación de un cargo del 1% a ser liquidado por los prestadores, aplicado sobre la facturación neta del IVA. De acuerdo con la iniciativa, este cargo afectaría a un amplio espectro de servicios TIC, incluyendo: telefonía fija, telefonía móvil, Internet y TV paga. Eso del “costo fiscal cero” es relativo. Si bien es cierto que el proyecto pretende que los fondos no provengan del presupuesto nacional —de allí que no tenga costo fiscal para el Estado—, se trata de una nueva obligación tributaria, aun cuando tenga un destino específico. Por lo tanto, no habrá un costo directo para el fisco, pero sí para los alcanzados por el tributo. Y, al convertirse en un nuevo costo para los prestadores, éste será trasladado al cliente final.
Para dimensionar el impacto de la propuesta, vale una comparación: el 1% de la facturación por los servicios TIC equivale al aporte que ya se realiza al Fondo del Servicio Universal (FSU). Por lo tanto, desde la perspectiva del sujeto obligado al aporte —las empresas TIC—, ambos mecanismos son similares en su carga, aunque difieren en el destino de los fondos. De convertirse en ley este proyecto, las empresas tendrían que aportar el 2% de su facturación (1% al FSU y otro 1% al ENARD), lo cual duplicaría la carga específica del sector. La diferencia es que, en el caso del FSU, los fondos regresan al propio ecosistema a través de programas y proyectos; en el del ENARD, se trata de una tasa con un destino completamente ajeno. En los hechos, equivaldría a una doble imposición sectorial encubierta.
Aquí se abren dos debates. Uno es si el ENARD debe financiarse con impuestos generales o específicos. El otro, en caso de optar por los segundos, es si los ingresos alcanzados no deberían ser aquellos vinculados al deporte: entradas, transferencias de jugadores, patrocinios, derechos televisivos, etc. En otras palabras, que al deporte lo financie el deporte.
Los servicios TIC ya son víctimas de la voracidad fiscal en todos los niveles: nacional (IVA, Ganancias, Impuesto al Débito y Crédito, aranceles), provincial (Ingresos Brutos) y municipal (tasas y permisos). De hecho, de acuerdo con un estudio publicado por CABASE, el sector de servicios de acceso a internet está sujeto a más de 20 tributos y tasas de diferente índole, resultante en una carga tributaria que se ubica, en promedio, en 41,5%. Agregar una nueva contribución para un destino ajeno a la actividad no hace más que confirmar que la voracidad fiscal sigue vivita y coleando.
Además, esta iniciativa demuestra que en la mente de la clase política todavía persiste una imagen del sector TIC propia de hace una década, cuando crecía a tasas chinas y todo era una fiesta. Deberían ver los números con más detalle para darse cuenta de que aquellos tiempos quedaron definitivamente atrás.
Un detalle final: a las reuniones informativas, fueron invitados los beneficiarios de la norma propuesta pero no los afectados. Así salió.