Finalmente, y luego de hacerse esperar unos meses, llegó la medida de gobierno tan ansiada como descontada: la derogación del nefasto DNU 690/20. Lo hizo a través de otro DNU, el 302/24 que, básicamente, lo que hace es retrotraer el marco jurídico al 20 de agosto de 2020, día previo a la publicación del 690.
El DNU 690 fue, sin dudas, la peor medida regulatoria de las telecomunicaciones tomada en décadas. Partiendo del concepto mismo, abordaba un tema coyuntural (la pandemia y el valor potenciado de la conectividad) a través de medidas estructurales (declaración de servicio público y regulación de precios). Nada podía salir bien. Se trató de una decisión que tomó por sorpresa no sólo a las empresas prestadoras de servicios TIC sino también a varios funcionarios con responsabilidad en el área. Sorprendió también porque, hasta ese momento, había un diálogo razonablemente bueno entre operadores y gobierno, del que surgieron distintas medidas acordadas para mitigar parcialmente el impacto de la pandemia a través de los múltiples usos de las TIC.
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