Hace unas semanas, en una aparición pública, el presidente de la Nación sorprendió con un: “Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar”. Más allá del uso de la palabra “robar” y sus implicancias en boca del más alto mandatario, se imponía corroborar la veracidad de esta afirmación para comprobar si este parecer se condice con lo que arrojan los datos duros.
Para ello, hay que abordar algunas definiciones previas. Primero, hay que individualizar los países contra los cuales hacer la comparación. Se optó por considerar a los principales países de la región, tanto por PBI como por población. Así, además de Argentina, se toma en cuenta los casos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Luego, hay que explicitar qué vamos a comparar. Hacerlo únicamente por el costo del servicio, traducido a dólares para utilizar la misma medida, es un camino aunque no el mejor. Pesa aquí no sólo el tipo de cambio (subvaluado, sobrevaluado, equilibrado) sino también la capacidad adquisitiva de la población. Si bien hay valores que, en teoría, se ajustan mejor, como es el caso de la paridad del poder adquisitivo (PPA), éste es un valor no tan transparente para los no expertos. Por ello, en este caso se toma la incidencia del costo del acceso a Internet en el salario mínimo mensual (dato objetivo, fijado por el Estado). Se obtiene un valor que indica qué porcentaje del salario mínimo es necesario para afrontar el costo del acceso a Internet.
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