Esta semana, el presidente de la República llamó la atención al mencionar en un discurso que “vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos y todas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas”. Dos frases que merecen ser analizadas.
Lo primero que vino a la mente de muchos fue la pregunta “¿pero Internet no era ya un servicio público?”. Y la respuesta es sí. Los servicios TIC fueron declarados “servicio público en competencia” por la ley 27.078 (Argentina Digital) en su art. 15, expresando claramente en el art. 48 que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios”. Esta declaración como servicio público en competencia fue ratificada el año pasado vía el DNU 690, aunque aquí hubo un pequeño (aunque significativo) cambio. En su art. 2 explicita que los precios serán regulados por el Enacom. Algo que hizo inmediatamente luego de entrar en vigor el DNU, estableciendo un congelamiento hasta el fin del 2020. Este artículo fue el que dio lugar a un “milagro”: por primera vez, toda la industria (grandes operadores internacionales y nacionales, PyMEs y cooperativas) se unió detrás del mismo reclamo: la libertad de precios. Esta es la madre del borrego.
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