Esta semana se publicó el Reporte Global sobre tecnología de la información del World Economic Forum (WEF), lo que dio lugar a un artículo en el diario La Nación.
Ya el título “Una caída en el ranking tecnológico” adelanta que lo que se leerá no es agradable. Según el WEF, Argentina retrocedió 11 puestos en un año, para ubicarse en el lugar 77 entre 127 países incluidos en el ranking. Vecinos como Chile (34), Brasil (59) y Uruguay (66) cumplen un mejor papel.
El estudio utiliza dos grandes ejes para realizar la evaluación. El de la infraestructura, basado en datos duros tales como penetración de computadoras, cantidad de usuarios de banda ancha, costo de Internet, etc. El otro, más soft o intangible, tiene que ver con regulación y marco institucional que influye en el desarrollo del negocio.
Es justamente en esta última perspectiva donde Argentina no sólo se va marzo sino que, y siguiendo con la metáfora escolar, se la lleva previa. Está en el puesto 124 a la hora de crear leyes, en el 121 en cuanto a marco regulatorio, y siguen las malas posiciones para aspectos que son más propios del ambiente político en general.
De lo observado en el artículo, se pueden hacer dos reflexiones. La primera es que la parálisis regulatoria desde el año 2002 en aspectos vinculados al desarrollo tecnológico nos está pasando factura. Se trata de un tema que fue abordado en reiteradas oportunidades desde “Comentarios” y sinceramente da pena saber que nuestro enfoque no era desacertado. Pasaron distintos funcionarios, algunos con perfil más alto que otros, que hablaron más que otros, que “atemorizaban” más que otros, pero más allá de las diferencias de estilo los resultados concretos fueron los mismos: nada. Como dirían nuestros abuelos, estamos como cuando llegamos de España.
Por otra parte, se puede especular con que Argentina podría haber quedado mejor posicionada gracias a los datos “duros”. Menciona que sólo un 21% de los argentinos están conectados a la red, cuando en realidad son un 35%. También que los accesos de banda ancha equivalen a una penetración del 4% cuando en realidad es del 7%, más allá de que relacionar accesos y población no es lo más lógico (debiera ser accesos y hogares ya que hay un acceso por hogar pero muchas personas por hogar).
Más allá de esto, se trata de un nuevo llamado de atención para quienes tienen responsabilidades regulatorias. Esperemos que de una buena vez empiecen a justificar sus sueldos. Argentina está perdiendo muchos trenes, no dejemos pasar este también.