El anteproyecto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dará lugar, antes de fin de mes según las autoridades del COMFER, al inicio de discusiones en foros, a lo largo de todo el país. Por esto mismo, es un buen momento para hacer aportes. En nuestro caso, y por el foco de nuestra actividad, circunscribiéndonos a la parte de infraestructura necesaria para la difusión de los contenidos.
Desde esta perspectiva, sin dudas que el surgimiento de una red alternativa a la del cable es quizás uno de los puntos más destacados. Es conveniente recordar que en muchas de las localidades actualmente cubiertas por las redes de TV por cable suele haber una sola. Una clara forma de verlo es la ciudad de Buenos Aires, donde básicamente hay 2 operadores: el tándem Cablevisión/Multicanal (que funciona como uno solo) y el challenger, Telecentro. Son pocas las áreas donde ambas redes se superponen, lo que implica para el consumidor que no hay otra opción que la red de cable que pase por el frente de su hogar. Esta situación se repite en diversos puntos del país.
Se podrá decir que la televisión satelital, en este caso DirecTV, es una alternativa válida. Pero esta es una verdad a medias en función de las características del servicio (más caro, un decodificador por TV). La prueba está en que sobre 6,8 millones de hogares por donde pasa un cable de TV en todo el país, Cablevisión tenía una penetración del 44% a diciembre de 2007. Mientras tanto, DirecTV, que cubre todo el país (más de 10 M de hogares), tenía una penetración del orden del 6 al 7%. Es cierto, compiten, pero está claro que no son sustitutos directos. Hay que considerar también que la red satelital sólo puede brindar servicios de una vía (difusión), mientras que el cable cuenta con el beneficio de la doble vía que le permite dar Internet de banda ancha y, aunque aún tímidamente, telefonía.
Un punto no menor, y a nuestro criterio discutible, es aquél que establece que una empresa no podrá ser titular de una licencia cuyo servicio y/o audiencia supere el 35% del mercado. No queda claro en este caso qué sucederá con las empresas que ya tienen este grado penetración, considerando que las leyes no pueden (o al menos, no deben) ser retroactivas. Pero suponiendo que finalmente se les pudiera exigir a quienes tienen estos niveles de participación de mercado que “desinviertan” para bajar su share, no parece éste ser el camino más razonable. Esta desinversión puede tener efectos contraproducentes. Por un lado, los procesos de achicamiento suelen impactar negativamente sobre la fuerza laboral, dando lugar a despidos y retiros voluntarios. Por el otro, en negocios tan sensibles a las economías de escala, la reducción forzada del tamaño generaría mayores costos relativos, impactando también en los precios.
Así, convendría optar por un método pro competencia. Esto es, definir quizás un porcentaje de penetración del servicio que sirva de piso para el ingreso de una red alternativa (en este caso, las redes de las empresas de telecomunicaciones). De esta forma, se propiciaría una mayor competencia en aquellos mercados donde haya jugadores dominantes claros.
