Los que conocen de temas regulatorios saben que el marco jurídico que rige a las telecomunicaciones locales es abiertamente pro competencia, especialmente a partir del decreto 764 del año 2000. Pero también saben que en todos estos años fue muy poco lo que se hizo al respecto, casi nada, que es también una forma de marcar la política en la materia. Dentro de los distintos aspectos contemplados en la regulación, pero no implementados, está la portabilidad numérica, es decir, el derecho del consumidor a conservar su número telefónico independientemente del operador que dé el servicio.
Ante la inacción del ejecutivo, a cargo de implementar los distintos aspectos ya contemplados en la regulación, es la justicia quien tiene que tomar cartas en el asunto. Por eso esta semana la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo por el cual el Estado (más precisamente la Secretaría de Comunicaciones) deberá reglamentar e implementar la portabilidad numérica para teléfonos celulares en un plazo de 90 días.
Difícilmente esta decisión implique que en 90 días podamos cambiar de operador sin perder el número. Pero sí en ese plazo debería estar reglamentada la forma en que la portabilidad se lleve a cabo. Habría que ver luego cuáles son los tiempos técnicos para su implementación, cosa que ya sucede en otros países.
Desde el punto de vista de las empresas proveedoras, es cierto que esto incentivará la competencia entre sí, exigiendo de ellas mejor servicio y/o mejores precios. Pero sólo aquella que sea conciente de que su servicio es inferior al resto puede oponerse a la medida. Inversamente, aquella que esté convencida de que el suyo es mejor debería no sólo estar a favor sino impulsar una medida que la favorecerá.
Una duda: ¿por qué la demanda se limitó a la telefonía celular y no se hizo extensiva a la fija y la IP?
