Finalmente, en la madrugada de ayer, Diputados dio media sanción a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, familiarmente conocida como Ley de Medios. Pero en la ansiedad por sumar la cantidad de porotos necesaria para la aprobación de la norma, el oficialismo decidió “podar” de la misma uno de los aspectos más progresistas (en el sentido estricto de la palabra) que incluía. Se trata de la exclusión de las empresas de telecomunicaciones de la posibilidad de distribuir contenidos televisivos.
Para aquellos interesados en conocer los fundamentos de esta postura pro ingreso de empresas de telecomunicaciones, la explicación está en esta columna publicada esta semana en el diario La Nación bajo el título “Cableras y telefónicas, una división del pasado” (N. de la R.: no es fácil fundamentar una postura en el espacio de 20 tweets – 2.800 caracteres – pero ya que estaba hecho, era mejor reciclarlo que reinventar la rueda).
Lamentablemente, el contexto no fue el ideal para debatir con fundamento y profundidad un tema tan importante para el desarrollo futuro no sólo de la actividad, sino también, y de mayor importancia, por su impacto en la infraestructura clave de una sociedad moderna. En esto ciertamente influye la tendencia del gobierno a polarizar cualquier tema que toca. Así, todo es dicotómico. Blanco o negro. No hay grises. Y la mayoría de las veces es en las posiciones intermedias donde se encuentra el mejor camino.
Lamentablemente, la oposición hizo honor a su denominación y se opuso a todo, lo bueno y lo malo por igual. Y peor aún, no estuvo siquiera presente en el debate, con lo que la transmisión del mismo fue casi un coro de voces a favor de la ley y, con tantas cadenas de televisión transmitiendo en vivo, se privó a la ciudadanía (incluyendo a sus votantes) de tener la otra campana. Eventualmente, podrían haber pedido la palabra y retirarse antes de la votación, como forma de protesta. Como oposición, un flojo papel.
Aunque por otros motivos, también fue triste el papel de los pequeños partidos, la mayoría autodenominados “progresistas”. Dicen defender la pluralidad y actuar en contra de la monopolización de la información, pero aceptaron la norma a partir del momento en que se privó a la ciudadanía de la posibilidad de contar con redes de acceso alternativas. Con ello, de paso, pusieron un freno al desarrollo de una infraestructura moderna, acorde al siglo XXI. Y lo peor de todo es que no parecen haber actuado así por corrupción o acuerdos secretos. De su discurso se desprende que, paradójicamente, lo hicieron por tener una visión conservadora del tema en lugar de progresista. Tienen una concepción de los medios del siglo pasado, no del presente. Preocupante.
El principal argumento para frenar el ingreso de las telcos fue su condición de “monopólicas”. Si esto ocurre, es responsabilidad primaria del Estado. El gobierno cuenta con el marco regulatorio y las herramientas necesarias para evitar el abuso de posiciones dominantes. Pero desde que comenzó la gestión K (tanto en su versión masculina como femenina), esta potestad no fue ejercida, por incapacidad, o peor aún, por falta de voluntad. Si no comulgan con el marco regulatorio vigente (de la gestión De la Rua), podrían haberlo cambiado. Sin embargo, el camino fue ignorarlo. Y en el tratamiento de esta ley, en vez de aprovechar para dar forma a un escenario en competencia, optaron por lo más fácil: prohibir. Algo así, como “muerto el perro, se acabó la rabia”. Pero el Estado, en sus tres poderes, debería poder dar respuestas más sofisticadas que un simple hachazo.
Lamentablemente, los principales perjudicados son los habitantes de este país, a quienes se priva así de tener más y mejores alternativas.
