Si bien el proyecto de ley de Medios aún debe recibir la aprobación del Senado, se puede analizar el impacto de la misma desde la perspectiva de las telecomunicaciones.
Un aspecto muy discutible de la ley es el famoso tope del 35% del mercado, ahora aplicable sólo a la TV por cable. Este límite puede perjudicar más de lo que beneficie. No se debe condenar una posición dominante, sino velar porque esta participación no dé lugar a un abuso. Son dos cosas distintas. Si no, se estaría castigando al éxito obtenido luego de hacer bien las cosas. La mejor forma de evitar tanta concentración no es estableciendo límites artificiales sino propiciando la competencia de infraestructuras, sin importar si es por cable de TV, cable telefónico, fibra óptica o inalámbrica. Es decir, lo mejor sería que la misma competencia establezca los límites y no una norma. Pero para que esto suceda, no sólo hay que regular la competencia, sino velar por el cumplimiento de esta regulación.
Otro punto realmente incomprensible de la norma es la exclusión de las empresas de telecomunicaciones como una entidad única. Si bien se esgrime el argumento del monopolio en telecomunicaciones, lo cierto es que la apertura de esta industria en el año 2000 dio lugar a que surgieran decenas de competidores en todo el país. Empresas como Telmex, Iplan, Global Crossing y otras de menor tamaño, operaron desde el primer día en competencia, no sólo sin reservas de mercado sino desarrollándose en áreas ya atendidas mínimamente por el operador incumbente. ¿Cuál es la razón para privarlas de ingresar al negocio de la TV? Ninguna. O en realidad sí: haber comenzado a operar a través de una licencia de la Secretaría de Comunicaciones y no del Comfer. Obviamente están pagando el precio de tener legisladores poco informados y en absoluto involucrados con lo que votan.
¿Están totalmente fuera del negocio las empresas de telecomunicaciones? No del todo. Existe la resolución 275/2009 del Comfer [ver “Generación espontánea, de redes”]. La misma habilita a cualquiera que tenga una red capaz de transmitir señal de video puede arrendarla a un licenciatario. Esto daría lugar a lo que podríamos bautizar como CTVNO (Cable TV Virtual Network Operator, u operador virtual de red de TV por cable). Obviamente, el éxito de esta medida dependerá, en parte, de que no se quiera regular el precio de este alquiler. Mientras estén impedidas de dar el servicio directamente, el precio no será un elemento de disuasión de competidores, sino que deberá cubrir los costos y dejar un beneficio (objetivo último de toda actividad empresaria, algo que muchos tienden a olvidar). Solamente si hay repago de la infraestructura habrá interés en realizar las inversiones necesarias en la red.
Una observación final. En algún momento se atacó el proyecto de ley de medios argumentando que estaba hecho a la medida de Telecom, por el punto que exige una participación máxima del 30% de capital extranjero en las empresas participantes. Y ante la exigida desinversión de Telecom Italia en éste operador, la mayoría de los nombres interesados barajados en los medios eran nacionales, en algunos casos vinculados directamente al gobierno. Así, la posibilidad de dar Triple Play había hecho más atractiva (y por lo tanto más cara) esta participación supuestamente en venta. La exclusión de las empresas de telecomunicaciones, no debe haber causado mucha gracia a los italianos, que vieron así perder valor a sus activos. Pero simultáneamente, otros estarán contentos, porque así entrar en la empresa costará menos. El mundo de los negocios es así, más si hay política de por medio.
