Ahora que se aprobó la ley de medios a nivel nacional, parece que otros distritos quieren tener una ley propia. Tal es el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde esta semana el gobierno local presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para regular la televisión por cable en este territorio.
Más específicamente, lo que la ciudad busca es lograr la potestad en el otorgamiento y revocación de las licencias para la explotación de la televisión por cable (técnicamente, “servicios de difusión por suscripción”) cuyas redes se ubiquen dentro del territorio porteño. El argumento es que si bien la administración porteña no tiene ingerencia en el ámbito de la televisión abierta y la radio, sí puede tenerla en el cable.
Para ello creará una Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP), que será descentralizada y con autonomía funcional y financiera. La misma tendrá a su cargo los procedimientos para la adjudicación o autorización de la explotación de los servicios de difusión locales y luego controlar que se cumpla con la normativa. La ley propuesta impone además normas sobre la difusión de contenidos, la contemplación de una tarifa social y crea el “Consejo de libertad de expresión” como asesor de la agencia.
El tema no es menor habida cuenta de que la Capital es el distrito con mayor penetración del servicio, con una altísima concentración en manos de la fusionada Cablevisión/Multicanal.
La viabilidad de una norma de estas características y su convivencia con la recientemente sancionada ley nacional será seguramente terreno de disputas entre abogados. Pero más allá del claro objetivo político de la norma propuesta (diferenciarse del gobierno nacional), como no podía ser de otra forma también esconde uno fiscal. Es que el proyecto contempla que “Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual tributarán un gravamen del cuatro por ciento (4%) de su facturación bruta por todo concepto derivado de la explotación de la autorización otorgada”. En otras palabras, una nueva fuente de ingresos que servirá (de aprobarse tal cual está) para tapar alguno de los varios agujeros presupuestarios. En fin, la voracidad fiscal no es monopolio del gobierno nacional. ¿Adivinen quién lo va a terminar pagando?
Comentario final. Por lo publicado en distintos medios, llamativamente el tema no estuvo en la agenda del jefe de gobierno porteño durante su participación en las Jornadas de ATVC que se realizaron esta semana en Buenos Aires. Quizás no era oportuno…
