Esta semana llegó desde Brasil una noticia que, de confirmarse, marcaría una novedosa forma de entender los alcances del Servicio Universal.
El gobierno de aquél país negocia con los operadores celulares un acuerdo por el cual entregarían terminales móviles gratuitamente a las 11,9 millones de familias que reciben los beneficios del programa de asistencia social Bolsa Familia. Además del dispositivo, se les otorgará un crédito mensual de R$ 7 (US$ 4) para el uso del servicio. Como contrapartida, el Estado resignaría el cobro del impuesto por el Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel) con el objetivo de expandir las redes a la población de menor renta.
Adicionalmente a este beneficio, para los operadores móviles es una forma de ampliar sus mercados, ya que todo gasto por encima de los R$ 7 previstos será pagado por los propios usuarios.
Si bien en aquel país ya hay proyectos de ley que apuntan a la inclusión tecnológica vía la Bolsa Familia, estos están ligados a líneas fijas. Desde el Ministerio de Comunicaciones consideran, con buen tino, que es más viable hacer esto vía telefonía móvil.
Por el momento, el operador TIM (de Telecom Italia) se manifestó públicamente interesado en la propuesta, faltando la respuesta de Vivo (de Telefónica de España y Portugal Telecom), y Claro.
La comparación con lo que sucede en Argentina es inevitable. Por un lado, lo único parecido (en los papeles) es el Servicio Universal, el cual si bien está contemplado en el marco regulatorio de las telecomunicaciones desde el año 2000, aún no pasó de una cuenta en el Banco Nación donde los distintos operadores (no sólo los celulares) deben depositar el 1% de su facturación. Todavía no hay ninguna novedad en cuanto al uso de los fondos. Por otra parte, aquí se acaba de votar un impuesto que alcanza a diversos productos tecnológicos, incluidos los celulares, donde uno de los argumentos fue que éstos son bienes suntuarios.
Argentina y Brasil. Tan cerca físicamente. Tan lejos en sus políticas.
