Hacía rato que no había tanta novedad en materia tecnológica proviniendo desde el Congreso. Pero con la ley de medios y el impuestazo, alcanzó. Gracias.
Resumiendo, la ley de medios se promulgó con un gran defecto: no diferenciar el transporte del contenido. Sin entrar en otros aspectos que fueron controvertidos pero que no corresponde analizar desde aquí, la negociación política hizo que se perdiera una gran oportunidad de darle un fuerte impulso al desarrollo de la infraestructura, aumentando simultáneamente la oferta y competencia a nivel de redes. Si bien técnicamente esto podría subsanarse vía una nueva ley de telecomunicaciones, no parece que estemos en las vísperas del tratamiento de esta norma.
Sobre el impuestazo tecnológico aún no puede observarse su impacto real, debido a que entró en vigencia hace poco más de dos semanas. No obstante, hubo una gran victoria para los fabricantes de portátiles locales cuando lograron que éstas fueran excluidas de la norma. El crecimiento de las ventas de éstas y el retroceso en desktops realzan el valor del logro. Por el lado de los celulares, ni los fabricantes ni los operadores fueron muy vehementes en la defensa de sus intereses. En este rubro, el paso de los meses y los cambios de modelos, los subsidios de los operadores que no permiten saber el precio real del equipo y la natural baja de precios de la tecnología, harán que el impacto psicológico del mayor precio se vaya diluyendo. Será como los televisores, que en Argentina son carísimos, pero no nos damos mucha cuenta.
Hablando de televisión, el 2009 vio la definición de la norma de TV Digital, luego de años de negociaciones que parecían inclinar la decisión para un lado o para otro. Por el momento quienes aparecen más activos en el tema son los sectores vinculados al ámbito estatal, quienes lo ven como un vehículo para multiplicar la oferta de contenidos. Con la proximidad del mundial, desde el gobierno se han fijado el ambicioso objetivo de llegar con un millón de decodificadores digitales para esa fecha, aunque no se entiende bien el apuro. Esos decodificadores estarán conectados mayormente a televisores tradicionales (quien hoy tiene un LCD, Plasma o LED en su mayoría tienen un servicio de TV paga), por lo que no se entiende la lógica del que desembolsaría dinero en un deco que hoy por hoy no es clave, ya que siguen las transmisiones analógicas (faltan años para el apagón). En fin, cosas que pasan.
A nivel regulatorio quedan varios temas pendientes. Uno es el del Servicio Universal, donde se habilitó una cuenta bancaria para constituir el fondo pero no se avanzó en absoluto en cuanto a cómo se utilizarán esos recursos. Mientras tanto, los que necesitan servicios de telecomunicaciones, siguen esperando. Otro es el de la portabilidad numérica. La justicia ya se expidió en más de una oportunidad sobre este tema, aunque aparentemente sin muchas señales de recepción por parte de las autoridades regulatorias. Si bien hay quienes confían en que se está cerca de la implementación de esta capacidad, por ahora concreto no hay nada.
Tanto éstos como otros temas evidencian que además de tener las normas, hay que hacerlas cumplir. Pero en la medida en que el gobierno no se ocupe de reglamentar lo que falta, nada tiene sentido. Quizás sea esta otra razón para pensar en una ley de telecomunicaciones que reemplace a una regulación que quedó a mitad de camino y que tiene 10 años, con todos los cambios, tanto tecnológicos como de escenario, que se dieron en esta década.
