El affaire Telecom entró esta semana en una espiral de golpes cruzados que, en la inmediatez de la información, pueden hacer perder de vista el fondo de la cuestión: el modelo regulatorio argentino no es ni chicha ni limonada, pero cada vez huele más rancio.
Todo comenzó con aquella operación en el 2007 que significó el ingreso, aunque indirecto, de Telefónica como accionista de Telecom Italia (TI). Por las implicancias de la operación en Latinoamérica, donde ambas compañías compiten tanto en Brasil como en Argentina, era evidente que daba lugar a un flanco débil, o por lo menos vulnerable, de carácter político. Quizás el error de ambas haya sido menospreciar el costo potencial de la operación, particularmente en Argentina.
Fue este elemento el que esgrimió el socio local de TI, el Grupo W, para bloquear la opción de compra que los italianos tienen sobre la participación de los argentinos en Telecom. Se podrá discutir si lo hicieron motivados por la amenaza que implica que su mayor competidor esté cerca de la “cocina” de la empresa o simplemente como una forma de negociar un mejor valor para su salida de la empresa. Pero las motivaciones no son relevantes en este caso. Había un flanco débil, abierto por los mismos afectados, y lo supieron aprovechar. Después vino el típico vaudeville administrativo-judicial de decisión-apelación.
Con la orden de desinvertir en Telecom Argentina, aunque su principal objetivo es el de quedarse, TI comenzó a evaluar distintas propuestas de compradores para su participación. Es difícil saber si las negociaciones fueron estiradas para ganar tiempo pensando en un posible debilitamiento del gobierno hasta el fin de su gestión. Lo que sí es cierto es que un vendedor apurado no vende bien.
Preso de la impaciencia, y acosado por diversos flancos en su gestión, el gobierno subió la apuesta y tiró la palabra “estatización” en la mesa bajo el argumento de la falta de competencia. Ese as en la manga terminó siendo un ancho falso. Habida cuenta de que el Estado dispone de herramientas de control, la amenaza de estatización muestra su incapacidad para actuar como regulador.
La operación que da lugar al conflicto tuvo lugar en el 2007 y no fue hasta el 2009 en que el gobierno comenzó a ver de qué se trataba. Más allá de que la misma no haya sido declarada localmente por los involucrados, la noticia estaba en todos los medios, pudiendo comenzar a actuar de oficio en el tema. En otras palabras, pasaron 2 años antes de que tomara cartas en el asunto y ahora espera que en solo uno esté todo cerrado. No suena razonable.
Por otra parte, no es el cambio de accionistas, sean estos privados o el propio Estado, lo que hará que el mercado argentino tenga competencia. En sus redes fijas, las que dan telefonía, Internet y datos, Telecom y Telefónica prácticamente no compiten por que operan en áreas geográficas distintas. Así, la posición dominante de Telecom en el área de cobertura de su red se mantendrá, sin importar si el accionista es TI, Telefónica, Grupo W, el Estado, los gremios, la Iglesia, los piqueteros o cualquier otro.
Lo que hace falta es que desde el Estado comiencen a prestar atención a la importancia de definir un marco regulatorio para las telecomunicaciones, un sector que es clave en el desarrollo de la sociedad y economía moderna. Y es importante avanzar rápidamente para determinar el modelo a seguir: infraestructura dominante abierta a terceros o competencia en infraestructuras.
El modelo de infraestructura dominante es la evolución natural de los procesos de privatización de las grandes empresas estatales de telecomunicaciones, como sucedió hacia fines del siglo pasado en varios países de Europa y también en Argentina con ENTel. Siendo que esos mercados tenían un único oferente, el modelo más rápido hacia la competencia era que, previa privatización, el heredero de esta red (el incumbente) permitiera que los nuevos competidores (los entrantes) usufructúen la misma a precios a determinar por el Estado. Este modelo exige un alto grado de regulación para evitar que el incumbente abuse de su posición de poder por ser quien maneja la red. El mismo fue el elegido en Argentina para la apertura del año 2000 que si bien no fracasó no tuvo el éxito esperado porque la regulación quedó a mitad de camino y no hubo, por muchos años, ningún interés del Estado de actuar en la materia. La inacción regulatoria en materia de telecomunicaciones en Argentina ha sido una constante desde el año 2002.
Más recientemente, el desarrollo de tecnologías digitales con redes alternativas (celulares, TV por cable, inalámbricos, satelitales) dio lugar a la competencia entre infraestructuras. Independizadas de un servicio determinado como consecuencia de la digitalización, éstas pueden ofrecer todo tipo de servicio (voz, Internet, video, etc.). Así, las redes alternativas crean naturalmente competidores, si bien a veces la regulación (como sucedió con la Ley de Medios), genera barreras artificiales a esta competencia. Por supuesto, este modelo también requiere de regulación, aunque distinta a la necesaria en los casos de infraestructura dominante, que responden más al modelo de desarrollo de las telecomunicaciones de los 90 que a las necesidades y posibilidades de la década del 2010.
Si seguimos pensando en términos de privado o estatal, estamos poniendo el foco fuera del problema. El punto es regular mirando al futuro y, tan importante como esto, hacer cumplir esta regulación.
