Luego del revés que sufrió en la justicia al intentar frenar los aumentos en el abono del cable, el Secretario de Comercio Interior no se dio por vencido. En un nuevo embate, a través de la resolución 50/2010 dispuso que las empresas de TV paga se sometan a una fórmula para determinar el valor del abono.
Más allá de lo discutible que resulta que sea el Estado quien determine la forma de calcular el valor del abono de un servicio que no es público, indirectamente plantea una cuestión más de fondo. En los considerandos de la resolución, se afirma que “la existencia de fuertes economías de escala en la actividad facilita la conformación de posiciones dominantes a través de la concentración de la oferta”. Si el problema es que hay pocos oferentes, entonces una solución es que haya más. Sin embargo, durante el tratamiento de la Ley de Medios se dejó afuera a todas las empresas de telecomunicaciones que no fueran cooperativas, las cuales, por contar actualmente con la red, podrían haber comenzado a dar el servicio en un plazo razonable.
Esta norma, como tantas otras, deja en claro que desde el gobierno se confía más en la discrecionalidad del Estado para contener los precios artificialmente que en el desarrollo de un sistema en competencia que contenga los precios de manera natural. El problema es que las soluciones artificiales suelen no sostenerse en el tiempo.
