De manera muy interesante, esta semana Google comenzó a publicar sus estadísticas relativas a los pedidos de remoción de contenidos en sus servicios por parte de autoridades estatales, tales como policía o justicia. Así, las estadísticas no incluyen los pedidos realizados directamente por privados que demandan la remoción de contenido de los productos de Google.
Brasil encabeza el ranking de países, mientras que Argentina se ubica en el 8° lugar. Más allá de esto, la información publicada resulta atractiva porque es un indicador del estado de los contenidos en Internet así como de las particularidades de los distintos países en la materia.
Una aclaración interesante que hace la empresa es que las páginas que son removidas de sus resultados de búsqueda lo son únicamente de aquellas correspondientes al dominio de ese país y no globalmente. Así, la misma puede ser encontrada utilizando los servicios de Google de otro país.
A primera vista, resulta llamativo que China, país que entró en conflicto con Google por el tema censura, no figure en el ranking. La razón es que el gobierno chino considera a las demandas de censura como secretos de Estado, por lo que la empresa no puede revelar esta información.
Los pedidos en Brasil e India (primero y tercero del ranking) son relativamente altos debido a la popularidad de Orkut, la red social de Google (su versión de Facebook). En ambos casos, la mayoría de los pedidos tiene que ver con difamaciones y suplantación de identidad.
Por su parte, en Alemania (segundo en el ranking) el 11% de los pedidos de remoción tienen que ver con contenidos pro nazis o que niegan el Holocausto (ambos prohibidos por la ley en aquél país). Hay gente que no aprende más…
Si bien Google afirma que un muy bajo porcentaje de los pedidos de remoción por parte de las autoridades giran en torno a temas políticos, reconoce que son los que generan los debates más acalorados. La empresa destaca que si bien cumplen con algunos de esos pedidos, en algunos casos no lo hacen. Y aquí citan como ejemplo a lo sucedido en Argentina, donde un fiscal reclamó por información propia y de su esposa (jueza federal) publicada en blogs políticos. Google acató a medias el pedido, removiendo sólo las porciones de uno de los blogs que revelaba información privada de la jueza. El resto no fue aceptado.
De todos modos, Google aclaró que las estadísticas reflejan el número de pedidos realizados por autoridades estatales recibidas en sus distintos servicios, pero no indican si esos pedidos fueron o no satisfechos.
En momentos en que las tentaciones por regular el libre flujo de información en Internet son crecientes, estas estadísticas son un primer paso para ver cuáles son las tendencias en la materia y se convierten en materia prima para debates sobre un tema que afecta a todos.
