La tragedia de la estación Once de esta semana traerá discusiones por muchos temas: las condiciones de la infraestructura, los destinos de los subsidios entregados por el Estado, el costo de tener tarifas artificialmente bajas, y otros tantos que no vale la pena enumerar aquí. Pero este lamentable suceso también puede servir para tomar decisiones correctas en otros ámbitos, tal el caso de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no faltó en los últimos tiempos quienes coquetearan con la idea de convertir sea al acceso a Internet o a la telefonía celular, en un servicio público, principalmente con la intención de fijar sus tarifas.
El caso de la estación Once, así como otros acontecimientos afortunadamente no trágicos, pone en evidencia que el hecho de ser un servicio público no convierte a éste en intachable, ni es garantía de buen funcionamiento. La cosa se enturbia aún más si además la tarifa es artificialmente baja y se compensa con subsidios que luego son cuestionados a la vista de los resultados.
El error conceptual es pensar que si hay un problema, necesariamente se arregla con más regulación. Al menos en el caso de las telecomunicaciones, no siempre hace falta más regulación, sino cumplir con la que existe. De nada sirve regular y reregular si después nadie se ocupa de que ésta se cumpla. Un ejemplo es el de la portabilidad numérica: se estableció en el decreto de apertura de las telecomunicaciones en el año 2000 y recién en un par de semanas entrará en vigor. O sea, más de 11 años para su puesta en marcha…
Nunca falta quien se tiente con fijar los precios de los servicios. Pero esta es un arma de doble filo. Es claro que es un recurso atractivo para los políticos, porque les permite tomar medidas simpáticas a ojos de la ciudadanía, pero cuando éstas no acompañan los costos terminan en servicios deficientes y/o subsidiados. Además, el mismo operador no se ve incentivado a mejorar su eficiencia: tarde o temprano el Estado pagará y mientras los usuarios soportarán un servicio precario.
A diferencia de otros servicios (como agua, gas, electricidad, trenes), donde las grandes inversiones requeridas no permiten la duplicación de infraestructuras, en el caso de las telecomunicaciones esto no sucede si existe una regulación adecuada que incentive la competencia. En Argentina, el usuario tiene al menos 3 opciones (Claro, Movistar y Personal), cuando no son 4 (en las zonas donde Nextel tiene cobertura). La cosa se pondrá más interesante este año con la implementación de la portabilidad numérica y la llegada de nuevos operadores virtuales. También se podría dar un fuerte impulso a la competencia con la asignación de espectro, tanto aquél devuelto por Movistar como por las frecuencias previstas para 4G. Se trata de verdaderas herramientas de política de telecomunicaciones.
En el caso del acceso a Internet la cosa es un poco más compleja, como quedó en evidencia cuando el gobierno quiso “hacer desaparecer” a Fibertel. Pero cumpliendo con la regulación vigente (por ejemplo, otorgando numeración telefónica a quienes ya tienen licencia) habría más empresas dispuestas a invertir para dar servicio. La prueba está en que en otros mercados la competencia en banda ancha fija es muy fuerte, lo que se traduce en mejores productos y a mejor precio.
Aquí, cuando se habla de servicio público, siempre está latente la intención de fijar el precio, no en función del costo sino de la conveniencia política. Lamentablemente, el efecto es el contrario al buscado y termina perjudicando al usuario, que viaja mal, le cortan la luz en verano y el gas en invierno, entre otras delicias de la vida cotidiana. Contrariamente, la competencia es la mejor forma de asegurar el control de precios sin caer en desinversiones (en la medida en que no haya cartelización, claro está).
En definitiva, no se trata de estar a favor o en contra de los servicios públicos. Pero sí sobran elementos como para comprobar que por el mero hecho de ser declarado servicio público las no cosas mejoran. La clave, como siempre, está en la ejecución. Que un servicio sea de excelencia pasa no por su carácter de público o no, sino por la gestión del mismo y por el accionar del Estado como regulador de la actividad, haciendo equilibrio entre los intereses de la población y la viabilidad de la empresa. Las soluciones mágicas, lamentablemente, no existen. Cada uno tiene que trabajar en lo suyo: los operadores pensando en sus clientes (y sus competidores), las autoridades regulando y velando por el cumplimiento de esa regulación.
