Durante las últimas semanas tuvimos oportunidad de conversar con distintos actores de la industria tecnológica, aflorando en todas las charlas las dificultades que presenta operar en la economía actual, especialmente en lo vinculado a las relaciones con el exterior, tanto para el movimiento de bienes como de dinero. Por supuesto que no se descubre nada nuevo con esto. Son conocidas las trabas a las importaciones en general así como las dificultades tanto para pagar estas importaciones como para remitir dinero a operaciones ubicadas en el exterior.
No obstante, las implicancias al freno de productos de consumo (como un celular determinado) aunque más visibles, no se comparan con el impacto que genera por el lado de la infraestructura clave para una sociedad y economías modernas. Dificultades para ingresar equipamiento de red, fibra óptica y otros componentes están haciendo que las inversiones en ésta no sean de las dimensiones originales. Esto es así tanto porque su costo crece como porque, al no disponer de equipamiento en el país, se invierte menos de lo previsto.
A veces se recurre a un tercero en las operaciones, como cuando se pacta con un exportador para que las divisas que ingresa compensen las que salen por importar bienes de capital. Claro que el ingreso de este tercero implicará un costo adicional no previsto originalmente. Para el giro de divisas, todas las opciones que no sean por el canal tradicional implican un mayor costo.
Sin entrar en los detalles de las operatorias para ingresar mercaderías o girar divisas (con niveles de legalidad variables), lo concreto es que los efectos negativos son claros. Para quienes su actividad se basa en la importación (vendedores de equipamiento), su negocio se achica o no crece como lo previsto. Para quienes realizan la inversión en el país (operadores), las restricciones implican ya sea invertir menos de lo planeado y/o pagar más caro los bienes a importar, con lo cual el capital destinado rinde menos. Para los usuarios, esto se traduce en servicios que no se modernizan al ritmo deseado o, peor aún, cuya calidad tiende a degradarse.
De todos modos, la situación se enmarca dentro de una política nacional que impacta de manera similar a distintos ámbitos de actividad, con lo cual al sector tecnológico le caben las generales de la ley. No obstante, existen otros mecanismos que podrían fomentar el nivel de inversión y que, por motivos a veces desconocidos, a veces no tanto, no tienen lugar.
Quizás uno de los más evidentes tiene que ver con la demora en el proceso de licitación de espectro para servicios móviles, que incluye a la subasta de lo devuelto por Movistar (que ya conoció múltiples postergaciones) así como a la licitación del necesario para dar servicios LTE. Sin dudas que la resolución de cada uno de estos procesos implicaría planes de inversión interesantes que se traducirían en mejores servicios y creación de puestos de trabajo. También habría que considerar medidas menos complejas, como simplemente entregar numeración a quienes ya disponen de licencias de telefonía, aunque en la materia el trasfondo político es inocultable.
Respecto del futuro, hay pesimistas y optimistas. Los primeros creen que la cosa no cambiará ni este año ni el próximo. Y basan esta expectativa en que la demanda de divisas para financiar la importación de energía seguirá in crescendo, a lo que se sumará un mayor gasto público en un año electoral que en el corto plazo incentivará más el consumo que la inversión. Los optimistas confían en que, superada la alta demanda de divisas por parte del Estado para atender sus deudas, comenzará una mayor flexibilidad en lo relativo a las operaciones con el exterior que permitirá aceitar nuevamente los procesos de inversión. En lo que hay unanimidad es que nadie se atreve a prever cuándo se avanzará en la regulación específica del sector.
Por lo pronto, e independientemente de cómo se vea el vaso, la sensación es la de circular en un auto que tiene el freno de mano puesto. Se mueve, pero no como debiera.
