Cuando un par de meses atrás sorpresivamente el gobierno decidió no subastar el espectro devuelto por Movistar para asignárselo a la empresa de telecomunicaciones estatal Arsat, muchos se preguntaban cuál era el plan en materia de movilidad. Y, al menos por el momento, no lo hay. O no es público. Quizás porque ni siquiera Arsat dispone legalmente de ese espectro…
Tanto el Ministerio de Planificación como la CNC en sus respectivos sitios anunciaron la asignación del espectro a Arsat, referenciando la Resolución 71/2012. Sin embargo, ésta sólo deja sin efecto el Concurso Público para la adjudicación de la frecuencia (art. 1). En ningún artículo menciona que el espectro en cuestión sea asignado a Arsat. Es más, ni siquiera hay una mención al operador estatal en toda la norma. O sea, técnicamente es un espectro sin asignar.
Llama la atención que los dos organismos del Estado involucrados con este tema publiquen en sus sitios web información decididamente errónea. Pero también llama la atención que aún no se haya avanzado con la asignación del espectro a Arsat. Esta situación da pie a los rumores que circulan en el mercado y que hablan de una interna dentro del gobierno, entre quienes quieren un operador nacional y estatal y quienes prefieren influir sobre las decisiones de las empresas pero sin participar directamente del negocio. Estas diferencias de visiones serían las que estarían demorando las definiciones.
En definitiva, lo que tenemos por el momento no es como para festejar nada. Hay un poco más del 20% del espectro celular no asignado y por lo tanto restado del total. Una Arsat que no sólo no cuenta aún técnicamente con espectro sino que tampoco presentó un plan de acción respecto de cómo piensa usufructuar el mismo cuando el trámite legal esté completado. Y pensando en el futuro, aún no hay menciones a una subasta de espectro por 4G. Así, en materia de telecomunicaciones móviles, el Estado se está convirtiendo en el perro del hortelano, que no come ni deja comer.
